La detención de Martínez Barazón en León sacude a un PP 'indignado'

SPC
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Presidente de la Diputación. La investigación le implica en una red corrupta junto a otros alcaldes y cargos públicos de PP y PSOE, aunque es el único en la región

El presidente de la Diputación de León, tras su detención a la salida de la institución provincial, ayer. - Foto: J.Casares

La detención del presidente de la Diputación de León, el popular Marcos Martínez Barazón, por su presunta vinculación a una trama de corrupción que salpica a varios ayuntamientos y distintas comunidades autónomas, causó ayer profunda sorpresa e indignación en Castilla y León, donde se sucedieron las reacciones de protesta y condena a medida que fueron conociéndose detalles de la operación policial dirigida desde la Audiencia Nacional. Además de Martínez Barazón, elegido para el cargo hace cinco meses tras el asesinato de Isabel Carrasco, fueron detenidas otras 50 personas en las provincias de Madrid, Murcia y Valencia, a las que se vincula con una red corrupta que pudo llegar a manejar 250 millones de euros.  
 
La investigación, según la Fiscalía Anticorrupción, se inició el pasado mes de enero gracias con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades Suizas por sospechas graves de blanqueo de dinero. Si el juez imputara a Marcos Martínez tras su toma de declaración el PP pedirá inmediatamente la dimisión de sus cargos, según informaron a  Ical fuentes de la formación, pero si en las próximas horas saliera en libertad sin cargos se le restituiría la militancia, suspendida ayer.
 
La detención de Marcos Martínez desencadenó una cascada de muestras de indignación, algunas de ellas desde su propio partido y por personas con responsabilidades de gestión pública, como el delegado de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar, quien a través de twitter, fue enérgico: «Asco de corruptos, corruptores, ventajistas y especuladores. Asco», escribió con el hashtag  ‘cerocorrupción’. 
 
Poca voz en el PP. La cúpula de su partido en Castilla y León, mientras tanto, guardó silencio y se remitió al comunicado difundido a nivel nacional y a las declaraciones del eurodiputado y secretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, quien en una rueda de prensa de urgencia expresó la «indignación» del partido y anunció la expulsión de militancia de los detenidos y la solicitud de dimisión de quienes ostentan cargos, como el presidente de la Diputación de León. 
 
Entre los pocos cargos regionales que se atrevieron expresar en público una opinión sobre la Operación Púnica figura el consejero de Fomento y vicesecretario de Organización del PP, Antonio Silván, quien utilizó palabras como «sorpresa», «indignación» y «enojo». En referencia a la abundancia de casos de corrupción que, en cascada, han ido saliendo a la luz tras el verano dijo que «se tiene que limpiar de una vez por todas» y subrayó que «quien obre mal tiene que estar más cerca de los jueces que de las administraciones». 
 
También habló sobre la corrupción el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto. El regidor popular exigió que «el que la haga que la pague», y al referirse a la detención de su compañero de León Marcos Martínez dijo que siempre le había parecido «una persona seria» y que estaba  sorprendido, si bien evitó más pronunciamientos.
 
Críticas de la oposición. El comentario más duro lanzado desde el PSOE lo formuló su recién elegido secretario regional, Luis Tudanca, que se refirió al PPen estos términos: «Una supuesta organización prácticamente mafiosa que lo único que le interesan son los intereses privados». Y después pidió al presidente regional del PP, Juan Vicente Herrera, que tome medidas y que su partido «no se escondan bajo las decisiones o declaraciones del PP nacional». Igualmente, su líder territorial en León, Tino Rodríguez, pidió la dimisión de Marcos Martínez como presidente de la Diputación y de alcalde de la localidad de Cuadros. También desde UPL se reclamó que el peso de la Justicia «caiga sobre todos aquellos que puedan haber caído en la corrupción y en el delito». 
 
La mayor parte de reacciones tuvieron su origen en León. Desde IU solicitaron la expulsión como presidente «vista la gravedad del hecho» y desde UPyD se reclamaron respuestas «contundentes, claras y urgentes al PP de León».
 
Los compañeros de corporación de Martínez pidieron «prudencia» y relataron a Ical que vivieron la jornada en un estado de «incredulidad y shock», siempre recordando la presunción de inocencia.