Las presiones impulsadas desde Castilla y León junto a otras cinco comunidades (Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia), para que las instituciones europeas tengan en cuenta la población a la hora de diseñar sus políticas comienzan a dar resultados. Castilla y León podrá subvencionar hasta el diez por ciento de un proyecto para atraer la inversión de empresas en el período 2014-2020.

 

Soria, sin embargo, está considerada «zona poco poblada» y por ello se rige por normas específicas, que fijan el nivel máximo de subsidios en el 15 por ciento. Así lo establece el mapa de ayudas regionales de España, aprobado por la Comisión Europea, según informó Ical. Un documento que fija las condiciones en las que cada estado miembro puede conceder ayudas públicas a las empresas para desarrollar una determinada región, impulsando el crecimiento y la cohesión en el mercado único.

 

El criterio de la población se aplicaba hasta ahora en países nórdicos y no en la zona sur de Europa, de ahí la importancia de este paso. «Los esfuerzos realizados han propiciado este reconocimiento, que de momento con los parámetros fijados por la Comisión sólo entraría Soria pero la Junta luchará por que se extienda a más parte del territorio», reconoce la directora de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), Mar Sancho.

 

Con estos cambios, la mayoría de las provincias de Castilla y León pierden cinco puntos de margen de financiación respecto al límite que tenían hasta ahora. Es el caso de León, Zamora, Palencia, Segovia y Valladolid. En Salamanca y Ávila la diferencia es mayor, un diez por ciento; mientras que Burgos y Soria quedan como estaban; la primera porque ya tenía el límite más bajo y la segunda por el factor de población.

En cualquier caso «estos porcentajes pueden incrementarse en diez puntos porcentuales para las empresas medianas y en 20 puntos porcentuales para las pequeñas empresas», apunta la Comisión.

 

Financiación. Este mapa establece los importes máximos de los subsidios públicos que las empresas podrán recibir entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, basándose en la riqueza de la región donde están establecidas. O dicho de otro modo: el marco establecido por la CE prioriza la concesión de financiación a las áreas más desfavorecidas del continente.

 

Mar Sancho explicó que el grado de convergencia económica alcanzado por la Comunidad con la UE, que situó en el 95 por ciento (96 por ciento España), ha determinado el descenso en hasta diez puntos del límite fijado por Bruselas de las ayudas públicas a los proyectos empresariales, hasta un diez por ciento con carácter general para 2014-2020. 

 

La directora de la ADE incidió en que el descenso del porcentaje de ayudas, bajo el que se elaboró el III Acuerdo Marco de Competitividad, es consecuencia directa del avance económico de la Comunidad y razonó que prefiere «recibir menos ayudas y tener una economía avanzada y un nivel de renta superior». 

 

El cambio duro se produjo al dejar de ser Objetivo 1 en 2011, y ahora al entrar en fase de convergencia se variaron las estrategias para apostar por las ayudas a la financiación y dejar en segundo lugar las subvenciones a fondo perdido. Así, remarcó que la Junta seguirá apoyando proyectos no solo con estos apoyos directos, sino también con financiación reembolsable. «Desde la Junta en los últimos años hemos ido complementando las ayudas a fondo perdido con las financieras propiamente dicha», recordó, para defender que «es mejor tener financiación en condiciones preferentes que tener que recabarla en mercados financieros a altos tipos de interés».