Los posibles afectados por el presunto fraude perpetrado por el Grupo El Salvador, cuyos propietarios y parte de los empleados han sido acusados de cambiar los féretros de alta calidad por otros más baratos en el momento de la creación, ya han comenzado a moverse para ejercitar acciones a través de una plataforma. 

  Se denominará Plataforma de Afectados de El Salvador, 'Plat Afectados' en redes sociales, que ha sido constituida por los despachos de abogados Bárbara Royo y Castellana 266, cuyos responsables ya han contactado con cerca de una treintena, tal y como ha anunciado a Europa Press la titular del primero de ambos bufetes. 

  "Hemos decidido aglutinar todas las denuncias, en lugar de presentarlas una por una, para así acudir al juzgado a través de una denuncia colectiva", explica Bárbara Royo, quien confiesa que hasta ahora no había tenido noticias de "semejante barbaridad" en todo el territorio nacional. 

  Dado que el proceso que investiga el Juzgado de Instrucción 6 acaba de empezar, con la explotación de la primera fase de la operación el pasado jueves con la detención de quince personas tras distintos registros domiciliarios y de las sedes de la mercantil funeraria, la letrada se muestra cauta a la hora de analizar la posible conducta ilícita de los investigados, algo que se concretará en su día en su escrito de acusación, aunque ya ve indicios de delito continuado de estafa y pertenencia a grupo criminal "a los que posiblemente pudieran añadirse los de blanqueo de capitales y estafa a la hacienda pública". 

  La acusadora ha desvelado que en los primeros contactos con sus clientes, éstos se muestran "indignados" con los hechos destapados por la Policía Nacional, si bien insiste en la necesidad de actuar con cautela a la espera de la evolución de las investigaciones sobre los hechos imputados a los investigados, trece de los cuales permanecen en libertad con cargos y los máximos responsables de la empresa, padre e hijo, en prisión, el primero de ellos comunicada y sin fianza y el segundo eludible con el pago de una fianza de 800.000 euros.