Más de 74.200 agricultores de Castilla y León comenzarán a recibir hoy el ingreso en sus cuentas de la mitad de la cantidad que les corresponde de las ayudas PAC. La Consejería de Agricultura acordó la semana pasada el adelanto de estas cantidades, por primera vez sin necesidad de la autorización de la Comisión Europea después de los cambios introducidos tras la última reforma de la Politica Agraria Común y os reglamentos de Pagos Directos y Cuestiones Horizontales.

 

La consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, recordó ayer que es el sexto año consecutivo en el que la Junta desembolsa de forma anticipada el pago único «cuyo principal objetivo es facilitar liquidez a este sector estratégico en la Comunidad», aseguró, «en un momento estratégico para los agricultores pues ahora tienen que realizar fuertes desembolsos porque se encuentran en pleno proceso de siembra».

 

Las ayudas directas de la PAC tienen como finalidad compensar el trabajo de los agricultores y ganaderos que garantizan el abastecimiento de los productos y la seguridad alimentaria que demandan los consumidores en Europa. La consejera explicó que estos pagos, representan de media el 30 % de las rentas de los agricultores y consolidan a la UE como una potencia agraria y alimentaria en el mundo, con un modelo exigente en la calidad de sus producciones y sostenimiento de los recursos naturales y mantenimiento del paisaje. 

 

En concreto, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha autorizado el pago de 355.994.079 euros a 74.239 agricultores de la Comunidad. En cuanto al reparto provincial, la mayor cuantía la percibirán los profesionales de Burgos, con 56,8 millones de euros para 9.931 perceptores, seguidos por los de Valladolid con 51,2 millones de euros para 8.980 agricultores y de los salmantinos con 46,7 millones de euros para 9.363. 

 

En el caso de los pagos al sector vacuno, la Comisión Europea ha modificado, en diez Comunidades Autónomas de España afectadas por la sequía entre las que se incluye Castilla y León, el periodo obligatorio en el que los animales deben permanecer en la explotación antes de realizar el anticipo. En concreto, la Unión Europea establece que las vacas deben permanecer en la explotación, desde el día de presentación de la solicitud, cinco meses en lugar de seis.