Los bomberos de la Comunidad han dado un paso de gigante en su equiparación salarial y profesional con los cuerpos de policía local tras la aprobación del proyecto de ley que contempla su homologación durante los próximos dos años. La Junta ha dado el visto bueno a esta iniciativa, que pretende aprobar mediante lectura única en las Cortes antes de que concluya la legislatura.

Unos 800 profesionales de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales se verán afectados por esta modificación de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, que supondrá unos 1,2 millones de euros anuales.

La consejera portavoz, Milagros Marcos, explicó, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, que esta homologación se produce con acuerdo de las corporaciones locales y los representantes de los profesionales para su financiación. El cambio normativo prevé que en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley se adaptarán los puestos de trabajo de los servicios de salvamento.

El proyecto de ley que modifica la ley de Protección Ciudadana de Castilla y León tiene como objetivo integrar los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en la escala de administración especial de las entidades locales, subescala servicios especiales, con la especificación de la titulación académica requerida para el nuevo grupo.

La Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León establece que la Junta debe adoptar las medidas necesarias para fomentar que los cuerpos de prevención, extinción de incendios y de salvamento homologaran sus condiciones profesionales y retributivas con otros cuerpos integrantes del sistema de protección ciudadana.

Para evaluar el coste derivado de la homologación se creó un observatorio, compuesto por dos representantes de la administración autonómica, dos de la Federación Regional de Municipios y Provincias y otros dos miembros de las centrales sindicales más representativas, que concluyó que la homologación demandada debería efectuarse mediante la regulación de los grupos de clasificación profesional de estos servicios, en términos homogéneos a los de la policía local, y debería hacerse con rango de ley, según establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

Salarios.

La portavoz de la Junta precisó que el 1,2 millones que costará anualmente la homologación no supondrá un incremento del gasto, sino que los actuales complementos extraordinarios se consolidan en las nóminas dentro del salario base.

Esta explicación no satisface, sin embargo, a los profesionales, que defienden que cada corporación local deberá negociar con sus trabajadores para alcanzar un acuerdo que puede suponer incrementos salariales en algunos casos, indica José Ignacio García, presidente de la plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León.

Aunque reciben la aprobación por parte de la Junta con satisfacción, García reconoce que «la dejadez de los políticos» ha impedido que llegara antes. De cualquier modo, la lucha de los profesionales de salvamento no concluye con esta decisión, que aún deberá recibir la luz verde definitiva en las Cortes autonómicas.

A partir de la homologación, los bomberos y los policías locales contarán con las mismas categorías profesionales (agente, oficial sargento, suboficial, oficial técnico y oficial superior) y se incorporarán un nivel por encima del que tienen actualmente (A1, A2 y C1).

Finalmente, José Ignacio García pone en duda que se puedan quitar los complementos extraordinarios para incorporarlos a salario base y afirma que en cada municipio habrá que establecer una negociación colectiva para redistribuir la masa salarial y, en su caso, incorporar una equiparación con los policías locales.

Este paso es definitivo, aunque para el inicio de la homologación hace falta esperar al Parlamento.