Tras conocerse, el pasado martes, la imputación del exsecretario general y exministro de Justicia e Interior, Ángel Acebes, por el caso de los papeles de Bárcenas, pieza separada de la trama Gürtel, desde el Gobierno se apeló inmediatamente al respeto por la Justicia, mientras que en Génova se guardó silencio hasta ayer. Los populares quisieron cortar de raíz las especulaciones sobre la presunta contabilidad b del partido al asegurar, en un comunicado, que la única caja de la formación es la que está «auditada por el Tribunal de Cuentas».
«En relación con el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de fecha 21 de octubre de 2014, el PP manifiesta su respeto a las decisiones de los tribunales y reitera que este partido no tiene otra contabilidad que la presentada y auditada por el Tribunal de Cuentas. Si hubiera otra, desde luego no es de esta formación», reza textualmente el escueto comunicado del PP.
Además, los populares utilizaron su perfil oficial de Twitter para colgar un enlace que lleva a la página web de la formación, donde se pueden consultar sus cuentas anuales. En ese documento se insiste en que sus únicas cuentas son las que ha auditado el tribunal fiscalizador, un argumento que han empleado los populares desde que hace un año y medio saltó a la luz el caso de los llamados papeles de Bárcenas. Además, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, subrayó que su formación colabora con la Justicia, «a diferencia del PSOE», y lo va a seguir haciendo. En este sentido, el número tres de Génova recordó que los socialistas se dedican a «atacar al juez cuando lo que se está investigando son cuestiones de corrupción». «Por cierto, las más graves de la Historia y que afectan al PSOE», proclamó.
Entre tanto, Mariano Rajoy evitó de nuevo las preguntas de la prensa sobre este asunto tanto a su llegada como a la salida del Congreso para votar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
No fue el caso de otros dirigentes populares, como Esperanza Aguirre, que remarcó que está convencida de que Acebes «no se ha llevado dinero», lo que le sirvió para reclamar otra ley de financiación de partidos en la que se imite la «transparencia» del modelo anglosajón. De hecho, en su cruzada por evitar los casos de corrupción, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, avanzó que exigirá a todos aquellos que vayan en una lista electoral municipal y autonómica que, antes de ser incorporados a ellas, registren una «declaración detallada de bienes, de sus intereses, de su cualificación profesional y de sus ingresos salariales antes de entrar en política».
Asimismo, otros cargos populares no ocultaron su malestar por el auto del juez Ruz, alegando que está «montado» sobre algo que no está probado, que es «la existencia de una caja b en el PP». Es más, las mismas fuentes recriminan al magistrado que dé credibilidad a «un delincuente», el extesorero Luis Bárcenas.
24 de noviembre. Precisamente otra declaración del que fuera dirigente económico de Génova llevó a Ruz a citar, el próximo 24 de noviembre, al exalcalde popular de Toledo José Manuel Molina como imputado en la causa en la que investiga la adjudicación, en 2007, de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que se realizó, según manifestó el extesorero, a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña electoral de la presidenta de la formación, María Dolores de Cospedal.
Además, el magistrado que investiga la supuesta contabilidad b del PP cita como testigos para el mismo día al actual regidor de la ciudad y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al diputado nacional Sebastián González (PP) y al entonces viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio.
Molina, que era alcalde de la ciudad cuando se aprobó una modificación del contrato que, según la Intervención General del Estado, supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales, está imputado por los delitos contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.