El protocolo de intervención educativa puesto en marcha de forma experimental el pasado curso por las consejerías de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades ha detectado un centenar de casos de sospecha o riesgo de maltrato familiar a escolares en Castilla y León. Así, a través de los directores y orientadores de los colegios, se comunicaron 45 situaciones de este tipo en el apartado de toma de decisiones de ‘Actuación Ordinaria’, “con indicios más o menos fiables que luego son investigados”, mientras que en ‘Actuación Inmediata’ hubo 57 casos, “con indicadores potentes”, que confirmaron un grado evidente de la existencia de maltrato infantil a nivel doméstico.

Así lo precisaron a Ical fuentes del Servicio de Atención a la Diversidad de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, que depende de la Consejería de Educación. “Los docentes no califican el grado sino que es el entorno familiar del alumno afectado o a quien le competa hacerlo. Desde los colegios solo se da una voz de alarma en torno a la necesidad de llevar a cabo una actuación inmediata”, apuntaron a Ical.

En este sentido, se procede al traslado desde los colegios de todas las provincias de la Comunidad la petición vía telefónica para tomar medidas “tanto a la Inspección educativa como a los organismos sociales competentes, policía y otras instancias”, indicaron las mismas fuentes, que precisaron que en el ámbito de la actuación ordinaria como primer paso se sigue una investigación “para ver si realmente hay algo o simplemente ha existido una falsa alarma sobre maltrato”.

En cuanto a la cifra de casos de riesgo o sospecha notificados a los organismos competentes fueron 83; los detectados en los que se ha realizado un ‘Registro Tutorial de Observación’ en Enseñanza Infantil y Educación Primaria fueron 24; los de ‘Registro Tutorial de Observación’ en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) sumaron 16; el número de Informes de Recogida de Información Elaborados por el Servicio de Orientación Educativa se elevaron a 42; y el número de confirmaciones de maltrato comunicadas por la entidades implicadas en el protocolo fueron siete.

El protocolo sobre maltrato en el entorno familiar -que comenzó su aplicación el pasado curso con carácter experimental- incluyó además acciones formativas para la sensibilización y formación de los profesionales educadores como necesidad y responsabilidad de toda la comunidad educativa a la hora de garantizar la seguridad del alumnnado. Todas los colegios de las provincias de Castilla y León han seguido el mismo circuito interno, ya que se considera clave al profesorado en la prevención, observación, comunicación y detección de casos.

De obligado cumplimiento

En breve este protocolo será de obligado cumplimiento en todos los centros educativos de la Comunidad. Este curso se está ultimando ya la regulación normativa como paso previo a su publicación en el Boletín de Castilla y León (Bocyl). “Hay cierto retraso ya que se quiere hacer de forma conjunta con otras inicitivas que llevado a cabo Educación como el protocolo de actuación sobre violencia de género en los centros, cuya fase experimental concluye en enero de 2018”, arguyeron desde la Consejería.

En principio la valoración cualititiva hecha por los colegios de todas las provincias sobre el protoloco de actuación en torno al posible maltrato en el entorno familiar fue positiva. “Están satisfechos por que los centros cuentan con una herramienta común a toda Castilla y León donde, ante una situación de este tipo, se conoce cómo actuar”, explicaron desde la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa.

Cuestionario de valoración

Para la valoración de la fase experimental del mencionado protocolo se ha proporcionado a todos los centros educativos de la Comunidad un cuestionario ‘ad hoc’ que recoge una serie de indicadores de carácter cuantitativo y cualitativo con la intención de obtener una visión global de la implantación y utilidad del mismo en su puesta en práctica en los centros educativos. La iniciativa aúna el proceso de prevención, detección, notificación y derivación de estos casos.

La detección es el primer paso de un proceso en el que será necesaria la colaboración con otras instituciones para potenciar los factores de protección que minimicen o eliminen los de riesgo.

En este protocolo se recogen los objetivos, concepto y tipología de maltrato en los que se trabaja; responsabilidades del centro educativo; un flujograma de actuación en el que se determinan las distintas fases del proces; y una serie de anexos que facilitan la tarea de los distintos responsables. En ningún caso se ha de interpretar que los docentes o el centro educativo tienen la responsabilidad de contrastar y confirmar la existencia de maltrato al alumnado en el entorno familiar, ya que este papel corresponde a otros servicios competentes en la materia.