La consejera de Hacienda y Economía, Pilar del Olmo, dio ayer por carpetazo a la reclamación del Ayuntamiento de Valladolid para que la Junta de Castilla y León asuma el 50 por ciento del coste de la expropiación forzosa de la Finca Zambra. Del Olmo, rechaza la posibilidad de compensar con programas de vivienda al Consistorio vallisoletano por el pago de los más de 20 millones para comprar a los antiguos propietarios la parcela de Finca Zambrana, expropiada en su día para construir el Colegio Zambrana.
Esta petición se la planteó hace unos días el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, partidario de que la Junta asuma la mitad del coste de expropiación por su implicación en el proceso. Pero la consejera Económica y Hacienda aseguró ayer que su departamento considera que se trata de un «asunto cerrado». Del Olmo reiteró que en 2007 la Administración regional actuó «responsablemente y resolviera el conflicto con mucho diálogo con los antiguos titulares de la parcela». Por ello, entiende que si el Ayuntamiento de Valladolid ha actuado de otra manera no tiene sentido ahora que solicite a la Junta una compensación económica.
«¡Yo no admito ningún tipo de culpa. Cada administración que aguante su vela!», sentenció la consejera, quien, en cualquier caso, entiende que serán los tribunales los que finalmente decidan, después de que la Junta rechazara iniciar expediente de revisión de oficio del convenio de reversión de la parcela de Finca Zambrana a los actuales propietarios y el Ayuntamiento, en respuesta a esa negativa, optara por llevar su reclamación al constencioso-administrativo.
Reacción. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, se felicitó ayer por haber obtenido «finalmente» una respuesta de la consejera. Eso sí, advirtió a la Junta que es precisamente a esta administración «a quien corresponde la vela más importante en este asunto».
El edil de Urbanismo aseguró que «no pueden mirar para otro lado» y propuso a los responsables de la administración regional mantener un «debate público» sobre este tema. Saravia apuesta por el diálogo para evitar la vía judicial, aunque también advirtió que el Ayuntamiento no renuncia a emprender acciones judiciales si la Junta mantiene esta postura.