Siete asociaciones sociales de Valladolid han presentado 46 alegaciones al proyecto de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad que abordan cuestiones que van desde la movilidad urbana o el suelo urbanizable, hasta la integración ferroviaria.

En concreto, la asociación Ciudad Sostenible, Asciva, Facua, Federación Vecinal, Avaate, CGT y Ecologistas en Acción están detrás de estas propuestas que contemplan desde la acotación de nuevos aparcamientos, hasta la disminución de los sectores urbanizables o la adaptación de la ciudad a la Ley de Transición Energética, iniciativas presentadas "en un ejercicio de responsabilidad social y compromiso con la ciudad".

Así lo han destacado durante una rueda de prensa celebrada este jueves en la que han participado la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales 'Antonio Machado', Margarita García; la presidenta de Ciudad Sostenible, Susana Ordóñez, y el portavoz de Ecologistas en Acción Valladolid, Javier Gutiérrez, quienes han estado acompañados por Jesús Ulloa de Facua y Ángel Bayón de Avaate.

Sobre la presentación de estas alegaciones, registraron el pasado 4 de enero, Margarita García ha criticado que durante 2018 se debatiera "largamente" lo que era "un mero avance" del PGOU, mientras que para "la auténtica revisión", la conocida en diciembre, "no ha habido debate público alguno y su estudio se ha limitado a un mes en pleno periodo vacacional".

Las primeras doce alegaciones se enfocan en la movilidad urbana, dentro de lo cual se propugna acotar el número de aparcamientos que pueden construirse, transformar en aparcamientos para residentes --o comerciantes de la zona-- los de rotación que se encuentran en el casco histórico o en su perímetro y eliminar cualquier tipo de aparcamiento en centros educativos o plazas arboladas.

También se reclama una mejora "sustancial" del diseño de los pasos bajo el ferrocarril, con anchuras superiores a los seis metros y evitando diseños "en U o Z".

Por lo que se refiere a la calidad del aire, Javier Gutiérrez ha reclamado que el Plan se ponga "a la altura de los tiempos", al tiempo que ha lamentado que no se recoja una zona de bajas emisiones en la ciudad, lo cual "viene recogido como obligatorio para no más tarde de 2023" en el borrador del Proyecto de Ley sobre Transición Energética.

Tras valorar "el esfuerzo" del equipo de Gobierno "por incluir la evaluación de impacto de género en el PGOU", las siete organizaciones advierten de que "no se logra el objetivo" de evaluar la repercusión del Plan en la situación de las mujeres respecto a la igualdad de oportunidades, por lo que han presentado cuatro alegaciones sobre esta cuestión, al tiempo que tachan de "insuficiente" afirmar que el documento "no tiene impacto de género", con unas recomendaciones "genéricas" que "no tienen reflejo real en la normativa".

INTEGRACIÓN FERROVIARIA

En cuanto al proyecto de integración ferroviaria, han presentado una decena de alegaciones contra lo que consideran como la asunción de las condiciones "más perversas" de la antigua ordenación, como es "la altísima densidad de edificación" que se concentra en el "escaso" suelo que resulta lucrativo, con "altísimas torres de viviendas".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Susana Ordóñez ha lamentado que las condiciones del Convenio de 2017 "vuelven a imponer un aprovechamiento con una máxima edificación", con independencia y "sin consideración del espacio en que se integra", lo que resulta, a su juicio, en un "skyline complicado" que "rompe la escala tradicional de la ciudad". "Sin condiciones expresas, sin proyecto de conjunto, difícilmente es imaginable en estos terrenos de Valladolid el bosque vertical de Porta Garibaldi en Milán", ha advertido.

Asimismo, ha mostrado su preocupación ante la "falta de coordinación" entre la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y las administraciones que la integran.

Por lo que respecta a la situación del suelo urbanizable, estas siete asociaciones rechazan la cifra prevista en el PGOU para la construcción de 49.428 nuevas viviendas, la cual "no se corresponde con la evolución demográfica de la ciudad en los últimos años ni con los datos de formación de nuevos hogares".

En este sentido, el portavoz de Ecologistas en Acción ha abogado por "reducir sustancialmente" el suelo urbanizable para que la construcción "se centre en el urbano", tanto consolidado como no consolidado, mientras se aboga por la utilización "de la gran cantidad de viviendas vacías existentes".

ZONAS INUNDABLES

Javier Gutiérrez ha defendido la eliminación de diversos sectores de suelo urbanizable comprendidos básicamente en la zona Este, entre las rondas por encontrarse "alejadas de la ciudad", de tal forma que "influirán negativamente en la sostenibilidad del modelo, generarán nuevas necesidades de desplazamiento y dejarán muy abierta y en manos de los promotores privados la ampliación desmedida de la ciudad", a lo que se suma que "algunas de ellas se encuentran en zonas claramente inundables", según se recogen en tres de las alegaciones presentadas.

Otras siete alegaciones se orientan a "contrastar la justificación de los distintos regímenes jurídicos de los suelos" en el marco del principio de "equidistribución" de beneficios y cargas y la recuperación de las plusvalías urbanísticas por la comunidad.

En las alegaciones de 37 a 41 se destaca que la memoria económica se ha realizado "con datos de 2012" y en algunos casos con un "corta y pega" de informes económicos de la Intervención del Ayuntamiento. Además, apuntan que para el estudio económico "no se han utilizado los criterios de costes definidos por la Intervención municipal sino los que los redactores de la revisión han considerado".

Otra alegación se debe a que "no se ha tenido en cuenta" el impacto potencial en la salud de la exposición a emisiones electromagnéticas consideradas como "un riesgo ambiental", el cual "aumentará con la creciente domotización de las ciudades inteligentes".

El documento se completa con cuatro alegaciones sobre cuestiones concretas relacionadas con el edificio Escuela Infantil 'El Corro', el arbolado de las acequias de Valladolid, una actuación en la calle Alonso Pesquera y la ordenación del entorno de la academia de la Policía Municipal.

Aunque no figuran en este documento de alegaciones debido al "corto periodo de esta segunda exposición pública", las siete asociaciones han anunciado que presentarán otro texto que analice el tratamiento de las actuaciones judicializadas y anuladas por sentencia firme como la de Caritas o los terrenos de Piensos Cia y otras como el tratamiento de La Feria de Muestras o el Estadio.