La Fiscalía Provincial de Valladolid concluyó hoy que el exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva no siguió el procedimiento legal preceptivo para la autorización de las tres cartas de conformidad (‘comfort letter’), por parte del Pleno del Ayuntamiento, para evitar el control del Consistorio con los informes municipales de la Asesoría Jurídica e Intervención que podrían haberle puesto “algún inconveniente”. Por tanto, consideró, que esta actuación, “a espaldas del Ayuntamiento” y “eludiendo el control de forma deliberada”, le hubiera impedido vender a “todo bombo” y a “cualquier precio” el proyecto “magnífico” del soterramiento del ferrocarril.

De esta manera, justificaba el mantenimiento de la solicitud de condena que suma nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación especial para ejercer como concejal para el exalcalde de Valladolid por las tres cartas de conformidad que firmó en 2008, 2010 y 2011 con avales para el soterramiento, que comprometían al Ayuntamiento de la capital a aportar 100 millones de euros. El exregidor está acusado de tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental.

La fiscal Ana Valle recordó que la actuación de los tres acusados -ex alcalde, el exconcejal ‘popular’ Manuel Sánchez y el actual edil del PP en el Consistorio Alfredo Blanco- “usurpó” la decisión que debió tomar el órgano máximo municipal como es el Pleno. “Obviaron la representación municipal de los ciudadanos”, precisó durante la última sesión del juicio celebrada en la Audiencia Provincial de Valladolid.

Además, puso en duda las palabras de De la Riva cuando recordó durante la vista que las ‘comfort letter’ hubieran recibido el visto bueno del Pleno al contar el Partido Popular con mayoría absoluta. “No sabemos cuál habría sido el voto de todos los concejales, tras conocer los informes contrarios”, aseveró.

La fiscal afirmó que los tres acusados en este procedimiento no pueden aludir ignorancia sobre el significado y el contenido de las cartas de conformidad ya que no son ciudadanos “pillados a lazo en la calle”. Y es que recordó que fueron elegidos para ostentar una responsabilidad. Fue entonces cuando citó los años de experiencia en gestión pública de León de la Riva, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento de Valladolid, además de puestos en entidades financieras y empresas. En cuanto a Sánchez y Blanco, a los que también mantiene la solicitud de una pena de 24 años de inhabilitación especial para el cargo de concejal, dijo que tampoco son “totalmente legos” tras desempeñar varios años responsabilidades municipales.

Otra cosa, subrayó, es que acudieran a los consejos de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) sin haberse leído los documentos remitidos o que no prestarán mucha atención sobre los asuntos que se trataban en esas reuniones. “Un alcalde no puede leer todo lo que firma pero hablamos de una carta sobre la operación de la magnitud del soterramiento”, afirmó.

Valle manifestó, según recogió la Agencia Ical, que las ‘comfort letter’ no eran cartas de cortesía sino la firma de avales, además se suponer un acto administrativo, pese a salir de “manera ilegal” del propio Ayuntamiento. Añadió que el Consistorio adquirió, con la firma de esos documentos, de unos compromisos que no tenía antes como accionistas de la sociedad y ponía en riesgo las finanzas locales. “Todos eran plenamente conscientes de que los bancos exigían mayores garantías a cada accionista”, expresó. Frente a los pasos que dio el exalcalde, la fiscal contrapuso la actuación de la Junta de Castilla y León, que siguió el procedimiento “adecuado” al llevar las tres cartas al Consejo de Gobierno.

"Grave perjuicio". Por otro lado, la Fiscalía se refirió al “grave perjuicio” para las arcas públicas, puesto que obligó al nuevo equipo de Gobierno municipal a suscribir un nuevo convenio, con unas condiciones diferentes al de año 2002. Habló de que, antes, la venta de los terrenos de los antiguos talleres de Renfe iba a revertir en la propia operación ferroviaria y, ahora, servirán -en primer lugar- para pagar al Ministerio de Fomento (Adif y Renfe) que saldó la deuda.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid, personado como acusación particular, también mantiene su condena con una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa para De la Riva así como siete de inhabilitación para Blanco y Sánchez por delito de prevaricación pasiva o por omisión.

El abogado Rafael Guerra justificó su acusación al considerar que hubo dolo y “ a sabiendas”. Se preguntó por qué el exalcalde decidió no tramitar el procedimiento legal establecido antes de firmar las tres cartas de conformidad. “De haberlo hecho, el informe del interventor municipal y de la Junta hubiesen denegado esa rúbrica”, contestó. En ese sentido, aseguró que los tres acusados conocían “perfectamente” el procedimiento a seguir.

Promesa electoral del PP. En su opinión, las motivaciones que impidieron llevar este asunto al Pleno fueron, en primer lugar, de carácter político al recordar que el soterramiento en 2011 era la promesa electoral del Partido Popular. “Sin haber firmado esas cartas, la operación hubiera decaído y podría haber sido la liquidación de la SVAV”, declaró. También hizo referencia a las posibles incompatibilidades puesto que De la Riva era vicepresidente de Caja Duero. “La operación no fue fallida para los bancos que en poco más de seis años obtuvieron 110 millones de euros en intereses”, añadió.

En cuanto a los exconcejales, les acusó de prevaricación pasiva o por omisión, cuando se está obligado a actuar. “No hicieron nada para advertir a su entonces alcalde que era necesario seguir el procedimiento legal establecido”, precisó. También se refirió al perjuicio económico al señalar que el actual equipo de Gobierno ha negociado “duramente” los dos últimos años y que el nuevo convenio de soterramiento ha sido sustituido por otro de permeabilidad de las vías. “El Ministerio de Fomento ha impuesto condiciones tan duras tras pagar los 100 millones que correspondían al Ayuntamiento por la firma de las tres ‘comfort letter’”, subrayó.

Omisión de procedimiento administrativo. La defensa del exalcalde, representada por el abogado José María Tejerina, centró su exposición final en preguntarse si es “posible”, “explicable” y “jurídicamente probable” pedir nueve años de cárcel para León de la Riva por la omisión de un procedimiento administrativo, que no ha causado un perjuicio económico. “No ha habido la pérdida de un solo euro ni nadie se ha quedado con un solo euro ni existió malversación”, apuntó.

También expresó sus dudas de que el exalcalde fuera consciente de haber cometido un delito y luego, tal y como señala la acusación particular, lo publicitara en cuatro medios de comunicación. A su juicio, eso demuestra que De la Riva tenia la conciencia tranquila de que no había nada malo. “La inexistencia del dolo resulta patente”, opinó.

Además, consideró que las cartas de conformidad que firmó el exalcalde no eran una prestación de garantía ni un aval o una fianza. “No existe la obligación del Ayuntamiento de pagar a los bancos, porque no se dice en el documento”, continuó. Por otro lado, alertó de la imposibilidad de que el procedimiento fuera paralelo al contencioso administrativo. “Las cartas son nulas jurídicamente por que no existieron y no han tenido efecto ni causado perjuicio”, expuso.

Tejerina concluyó con la frase: “No tengo conciencia de pecado, por lo tanto qué penitencia se nos puede imponer” -en relación al exalcalde-. A su juicio, no se puede intentar justificar una pena equivalente casi a un homicidio por la ausencia de un trámite administrativo. En cuanto a su otro defendido, el exconcejal de Urbanismo y Movilidad Manuel Sánchez dijo que en ningún momento supo que se iban a firmar las tres ‘comfort letter’, por lo tanto no podía pedir seguir el trámite administrativo de solicitar los informes y llevar el asunto a Pleno. El letrado recordó que en las reuniones de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se dijo que ningún socio iba a comprometer avales, entre ellos el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán.

La defensa del exedil Alfredo Blanco también basó sus conclusiones en la naturaleza de las cartas de conformidad firmadas. Apuntó que no existe relación de dependencia entre el Ayuntamiento y la SVAV por ser el Consistorio un socio minoritario. “No puede considerarse una carta de conformidad de carácter fuerte porque el socio mayoritario es el Ministerio y, por tanto, sobre el que recaí la obligación de hacer frente a la deuda con un aval”, consideró.

Además, negó cualquier responsabilidad de su defendido al señalar que las negociaciones con los bancos sobre las condiciones del préstamo corrían a cargo del gerente de la sociedad y que “difícilmente” pudo incurrir en dolo porque Blanco no tenía la obligación de tomar ninguna decisión en SVAV ni recibió una indicación al respecto. También aludió a la falta de conocimiento de las llamadas ‘comfort letter’ que en esos años eran desconocidas, incluso, por los máximos funcionarios del Ayuntamiento como el interventor y el secretario general.