Los 16 integrantes de una red especializada en la comisión de estafas que actuó en Valladolid entre octubre de 2009 y mayo de 2010, y a los que se les imputan fraudes por valor de más de 800.000 euros, se enfrentan a penas que suman 82 años de cárcel en un juicio que arrancará el lunes en la Audiencia Provincial y que está previsto que se prolongue hasta el viernes 19.
Tanto para el que la Policía Nacional calificó en su día como cerebro de la banda, Rafael M.C., vallisoletano de 39 años, como para sus dos lugartenientes, Julio J.J. y Gianfraco V., el fiscal del caso pide nueve años de cárcel para cada uno por un delito continuado de estafa, otro de falsedad en documento mercantil y uno más de asociación ilícita. También les reclama una indemnización conjunta de más de 800.000 euros a las entidades bancarias a las que estafaron.
Además, en el caso concreto de Rafael M.C. concurre la circunstancia de que en diciembre de 2010 fue condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid por delitos similares tras considerar probado que entre 2005 y 2006 formaba parte de una trama que, mediante la utilización de documentación falsificada, compró vehículos y electrodomésticos y solicitó préstamos bancarios, todo ello por un montante superior a los 250.000 euros, que nunca devolvió.
Esta red utilizaba testaferros que sólo tenían que cumplir la condición de no figurar como morosos en los listados de las entidades de crédito. Así, mediante nóminas y contratos de trabajo falsificados facilitados por los cabecillas, acreditaban ante las entidades financieras su solvencia para un pedir préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito o créditos al consumo.
Al final, la mayor parte del dinero acababa en manos de los cabecillas, mientras que sus colaboradores, que dejaban impagadas casi la totalidad de las cuotas de amortización, percibían una pequeña cantidad. De todas formas, el fiscal sostiene que todos los acusados de la trama que aceptaron participar como testaferros eran conscientes del fraude.
Seis pisos y tarjetas. En total, la banda logró hacerse con préstamos hipotecarios para comprar seis pisos en Valladolid y también estafó gracias al uso de tarjetas de crédito sin fondos. Además, la actuación de la Policía Nacional evitó que se formalizaran tres préstamos más, uno para comprar un coche de segunda mano y otros dos hipotecarios
La red fue desmantelada en el verano de 2010 gracia a la denominada Operación Burbuja. En la primera fase del golpe, llevada a cabo a finales del mes de junio, el Grupo de Delincuencia Económica del CNP practicó diez detenciones, entre los que se encontraban los cabecillas y otras personas de cierto nivel en el entramado financiero -una agente colaboradora de entidad bancaria, un agente inmobiliario con establecimiento abierto en el barrio vallisoletano de Las Delicias y un gestor hipotecario-. El resto de integrantes pasó a disposición judicial en agosto.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de abril de 2010 cuando los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional tuvieron conocimiento, a través de la denuncia efectuada por el director de una sucursal bancaria, que les habían solicitado una hipoteca y habían empleado para ello nóminas falsas.