Es el momento del alquiler. Las condiciones laborales que genera el actual mercado de trabajo, con contratos a tiempo parcial y mayor movilidad geográfica, hacen que comprar una casa sea misión imposible para buena parte de los jóvenes, y no tan jóvenes. Por esa razón, Castilla y León, mediante la negociación de los agentes sociales -los sindicatos UGTy CCOO y patronal, Cecale- y la Junta en el marco del Diálogo Social, quiere dar un giro radical a la política de vivienda con una apuesta clara por el arrendamiento.

Dentro de esta reorientación de las políticas de vivienda destaca una iniciativa, el compromiso de la puesta en marcha de una agencia regional pública dedicada a potenciar el alquiler de viviendas en la Comunidad. A su servicio, tendrá un parque de casas y pisos para arrendar y así facilitar el acceso a esas personas que no pueden comprar un piso.

Además, dentro de los cometidos de este organismo también se encontraría la gestión de todo tipo de ayudas al alquiler y la labor de asesoramiento y promoción de los arrendamientos.

Así se recogen en las propuestas de acuerdo de la mesa de vivienda del Diálogo Social, que lleva un año de negociaciones para fijar una hoja de ruta dirigida a conseguir ese cambio en las políticas públicas con una apuesta firme por el alquiler.

«La actuación de la Junta no se puede limitar exclusivamente a la gestión del alquiler social, que no tiene por qué dejarlo de lado», destaca del secretario de Acción Sindical de CCOO, Vicente Andrés, pero además debe asumirlo como política de vivienda.

Aunque en los documentos de trabajo no se prevén detallar cifras, las aspiraciones de los sindicatos es que ese parque de viviendas alcance las 8.000 viviendas, un número prudente si se tiene en cuenta que en Castilla y León hay 258.459 casas vacías, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, 40.620 de ellas, de nueva construcción y en manos de bancos o inmobiliarias.

Es ahí donde los responsables de CCOO y UGT consideran que el Junta tiene que hacer presión para que se sumen al mercado de alquiler mediante penalizaciones fiscales a esas entidades financieras o empresas constructoras; en ningún caso plantean esa medida para particulares.

La Junta de Castilla y León cuenta en la actualidad con parque de unas mil viviendas públicas, a las que se podrían sumar otras 800 más que están en manos de los ayuntamientos y diputaciones.

Además, el planteamiento pasa por sumar a los propietarios privados hasta esas 8.000 casas que conformen el parque de alquiler y dejando «amplio margen para el mercado privado».
«La política de vivienda tiene que tener un impulso público», defiende Vicente Andrés, quien recuerda que hasta 2012 existió Revival «que cerraron porque era deficitaria». «Pues claro que es deficitaria, como lo es la sanidad, pero es necesario actuar», añadió el dirigente sindical.

«Las instituciones públicas son las que tienen que pilotar las políticas de vivienda y es necesario que la Junta asuma el liderazgo a la hora de poner en marcha este cambio», añadió el secretario de política Institucional y Territorial de UGT, Óscar Lobo.

En España, y Castilla y León no es una excepción, se produce un desequilibrio entre las fórmulas de acceso a la vivienda a favor de la propiedad frente al alquiler en una proporción de ochenta a veinte por ciento. La propuesta de los sindicatos es tratar de buscar un equilibro como el que se da en otros países europeos; es el caso de Alemania, por no hablar de Suiza donde la desproporción es inversa, en favor de los arrendamientos.

«La decisión de la apuesta por el alquiler o la propiedad es política. Durante los años 70 se apostó en este país por la compra ya que con una hipoteca los trabajadores eran más dóciles. Desde entonces lo estamos pagando», apunta Vicente Andrés.