La Consejería de Agricultura y Ganadería y las organizaciones profesionales agrarias (opas) exigieron hoy a Azucarera que mantenga las condiciones de contratación existentes para que los remolacheros puedan sembrar el próximo año y que a partir de entonces se abra una negociación en el marco interprofesional nacional que dé estabilidad al cultivo a partir de 2020, si bien UCCL propone otro foro al considerar que no ha sido eficaz.

El Consejo Agrario de Castilla y León, formado por la Consejería y las opas, abordaron hoy la “preocupación” por la situación del sector azucarero remolachero ante el exceso de producción, la bajada de los precios y la decisión “unilateral” de Azucarera de reducir en seis euros el precio por tonelada, un 25 por ciento, cuando en el acuerdo marco se recoge 42 euros por tonelada.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, y los responsables de Asaja, Donaciano Juo, La Alianza UPA-COAG, Aurelio González, y UCCL, Jesús Manuel González Palacín, coincidieron en la petición unanime a Azucarera para que mantenga la situación actual, no rompa el acuerdo de manera unilateral y se dé estabilidad a los remolacheros para que siembren el próximo año, así como en que luego se abra la negociación de cara a 2020, aunque Palacín estimó que el foro tiene que ser otro por entender que ni el AMI ni los de la Consejería han sido eficaces.

Marcos argumentó que las reformas que se tengan que hacer en el sector para dotarle de estabilidad en el futuro se deberán abordar por consenso a fin de adaptarse a la nueva situación del fin de las cuotas, pero recalcó que no se hagan “ni con carácter inmediato ni de forma unilateral”.

La consejera insistió en apelar al consenso, en que se mantengan las condiciones que están pactadas en el acuerdo marco interprofesional y en que a partir de ahora se abra un marco de negociación en el que azucarera haga las propuestas que considere, que escuche al sector y que se trabaje a lo largo de 2019 para que en 2020 se pueda mantener ese marco interprofesional en el que haya estabilidad en el cultivo para la industria transformadora pero con beneficio para todas las partes.

“No parece razonable ni que haya una propuesta unilateral ni que no se busque el acuerdo cuando se está trabajando a nivel nacional en un acuerdo marco importante y que hasta ahora ha dotado de estabilidad al sector”, observó, para subrayar que la Junta ha comprometido y compromete 22 millones de euros que año tras año reciben los cultivadores de remolacha.

Por otro lado, avanzó que se plantean flexibilizar las ayudas para que ningún agricultor se vea perjudicado por la obligación de cumplir determinados requisitos que tienen por ayudas a la modernización, incorporación de jóvenes u otras ayudas en el marco del programa de desarrollo rural. Así, explicó que se elaborara un documento para explicarles cómo se va a flexibilizar el cumplimiento de estos requisitos para evitar que se pueda utilizar este cumplimiento de forma que no sea equitativa en la negociación.

Mantener el marco de negociación nacional, plantear mejoras de futuro y sostenibilidad para el 2020, asegurar las condiciones actuales en la medida de lo posible para que en 2019 siga habiendo cultivo de remolacha y funcionen las empresas y no haya una alteración hasta que se consiga un nuevo acuerdo de cara a 2020, resumió Marcos.