Magistrado de 53 años, es uno de los especialistas en materia civil que trabajan en Valladolid. Está al frente de Primera Instancia 9 y, desde hace un año es, además, el presidente de la sección territorial de la APM(la Asociación Profesional de la Magistratura es la agrupación mayoritaria de la carrera judicial) en Castilla y León, un cargo desde el que quiere mejorar el estado de salud de una Justicia que volverá a ir a la huelga este lunes, con jueces y fiscales a la cabeza, con una lista de reivindicaciones en la que se entremezclan demandas en pos de avances en el ámbito laboral (una mejora retributiva, la convocatoria  de más plazas...) y otras de mejoras del funcionamiento del sistema que, aseguran, revertirían en un «mejor servicio al ciudadano».

¿Por qué van a la huelga el día 19?

Porque no se han atendido nuestras reivindicaciones. Ni sobre el sistema de elección de los vocales del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) ni todas las funcionariales, porque somos un poder del Estado, pero, al mismo tiempo, somos también funcionarios. Ha habido una mesa de negociación con el Ministerio desde hace meses, pero aquí se ha retrasado todo por el cambio entre el equipo del señor Catalá y el de la señora Delgado, y al final no se ha llegado a concretar nada de lo que se viene pidiendo en este tiempo, ni sobre el expediente digital, ni nada del tema de retribuciones, ni sobre la equiparación de nuestra condición de funcionarios con la del resto de funcionarios...

¿Es una huelga contra el Gobierno o contra el sistema?

No, no, aquí el color del Gobierno no importa. Se planteó antes huelga contra el Ministerio de Justicia del señor Catalá (PP) y ahora contra el de la señora Delgado (PSOE), que, por cierto, la ministra participó en la huelga anterior. Los jueces tenemos una difícil papeleta, porque somos los únicos funcionarios que, a la vez, somos un poder del Estado. Y, por ello, hay mucha reticencia al hecho de ir a la huelga por parte de un juez, pero, claro, la gente tiene también sus derechos desde el punto de vista personal, económicos, de medios con los que trabajar... Aquí todos los jueces y magistrados de España queremos tener tiempo, hacer un trabajo racional y estar retribuidos bien; si no se producen todas esas circunstancias como funcionarios y, si como poder del Estado, tampoco se respeta lo que dice la ley o se hace una interpretación particular de los partidos políticos del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial... pues el último remedio es ir a la huelga, aunque es algo que no nos gusta, porque, por regla general, el Poder Judicial no quiere hacer huelga.

¿Cree que la ciudadanía entiende que un juez haga huelga?

Muchas veces, el hecho de que un magistrado haga huelga se tilda de irresponsabilidad, pero es que, si no se toman este tipo de medidas, ¿quién nos defiende a nosotros? Y es que no se reclaman grandes cosas, como es la derogación de los plazos de Instrucción en causas complejas, que va siempre en beneficio de la persona investigada, pero quizá lo que hay que hacer es conciliar los derechos de los perjudicados o de las víctimas y los de las personas investigadas. La huelga llega porque no nos hacen caso o porque no se concreta nada reunión tras reunión.

¿Qué le parece la forma en que se ha llevado a cabo la renovación del Pleno del Consejo General del Poder Judicial?

Es nuestra reivindicación principal, no la de la APM, sino la de las siete asociaciones de jueces y fiscales. Aunque sabemos que es una batalla perdida en estos momentos, ya que los partidos políticos, a través del Parlamento, siguen designando a los veinte vocales y la APM, y el resto de las asociaciones, no lo quiere así. Lo que pedimos, lo que se lleva tiempo pidiendo es que seamos los jueces los que elijamos a doce de los veinte miembros del CGPJ, que es lo que dice la Constitución Española, por otra parte.

¿Les incomoda esa sensación de ‘reparto de cromos’ en el tema de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial?

Incomoda, y mucho. A los jueces no nos gusta nada esta imagen de un ‘reparto de cromos’ entre partidos políticos para renovar el Pleno del CGPJ. Es que lo dice todo... Lo ideal sería unas elecciones libres, por sufragio universal de los jueces en servicio activo y que se pudiese escoger a los doce vocales del CGPJ. Es que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial no es un órgano corporativo, sino que hablamos de un órgano que tiene funciones ejecutivas y de gobierno de todo un poder del Estado; con lo cual es lógico que pidamos esto. No tiene nada que ver con lo que ocurre con el Consejo Fiscal, por ejemplo, que quizá no tiene unas funciones tan ejecutivas, que sí tiene la Fiscalía General del Estado, pero el Pleno del CGPJ sí las tiene. No tiene parangón con ningún otro consejo, porque es un poder del Estado.

¿Por qué dice que no se cumple con lo que determina la Constitución Española?

Es que la Constitución Española lo que dice es que tienen que formar parte del Consejo doce magistrados en servicio activo y ocho juristas, pero no dice cómo se deben elegir esos doce jueces y magistrados. Las asociaciones pedimos que sea a través de elección directa de todos los jueces en activo. El artículo 122 de la Constitución viene desarrollado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y, a partir de ahí, pues es el poder político el que tiene la capacidad de legislar... Y ahí lo dejo, porque, claro, nosotros ahí sí que no podemos ya hacer nada.

¿La elección de los vocales a través de los propios jueces garantizaría una despolitización del Consejo del Poder Judicial?

Ahora está claro que la elección de los vocales del CGPJ es un tema de carácter político, puesto que ejerce funciones gubernativas sobre el Poder Judicial, que es un poder del Estado. Tiene una composición mixta de juristas y jueces en activo y la crítica viene por el hecho de que todos los Gobiernos, ya sea de PP o de PSOE, siempre se han arrogado esa función y ellos han designado esos doce jueces. Nosotros creemos que sería mejor una elección libre con votación de los jueces. Al ser un colectivo de 5.500 magistrados, las elecciones serían libres y difíciles de controlar; los partidos políticos funcionan de otra manera, con otro tipo de intereses... 

¿Cómo encaja dentro de toda esta problemática las críticas al sector judicial a raíz de la decisión del Supremo sobre el impuesto de AJD (Actos Jurídicos Documentos) de las hipotecas?

Aunque se pueda mezclar, creo que son cosas distintas la decisión del Pleno del Tribunal Supremo y toda esta problemática que arrastramos en el Poder Judicial en España. La relación pueda venir, quizá, por el hecho de que al presidente  de una Sala del Tribunal Supremo, no a la de lo Contencioso-Administrativo, sino a cualquiera, lo elige el Pleno del CGPJ; y que para acceder a la categoría de magistrado del TS también se pasa por la elección de los veinte vocales del Consejo. ¿Qué tiene influencia política o no? Pues en teoría, si son profesionales, no debiese tener influencia, pero sí es cierto que yo preferiría que fuese de otra forma, a través de elección directa.

¿Le gusta la decisión del Supremo?

Está dentro de las vías legales. Es una sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Supremo, por la vía del recurso, que está legalmente previsto y está dentro del sistema jurisdiccional, es decir que es un poder del Estado que lo que hace es ejercer su función. Nos puede gustar o no, pero nosotros debemos respetarlo y acatarlo. ¿Se puede hacer mejor? Pues todos podemos hacer mejor alguna cosa, todas las resoluciones judiciales que se toman son criticables... pero el sistema es completamente legal y, por tanto, ahí poco podemos decir.

¿Y le parecen justas las críticas a la profesión después del dictamen del Tribunal Supremo?

El problema es que, a veces, no se explican bien las cosas. Nos falta un poquito de labor didáctica por parte del colectivo judicial, siendo más claros y mucho más asequibles, y explicar mucho mejor las cosas. Porque lo que ha habido aquí es una jurisprudencia durante veinte años en un sentido y, después, varias sentencias cambiando el sentido de la interpretación de la ley; y, todo eso,  pues tenía una trascendencia. Estamos hablando de una Sala de lo Contencioso que hace una interpretación de un precepto fiscal y eso es algo que está vinculado a las demandas civiles, que es otra Sala, de otra jurisdicción, que ha declarado ya abusiva la cláusula de cargo de gastos al prestatario, de tal modo que la Sala I se apoyaba en el dictamen de la Sala III. Es una cuestión técnica que se debería explicar.

¿Hay descrédito de la judicatura?

Tenemos una ciudadanía que confía mucho en la Justicia. Sin dejar estos temas bancarios, por ejemplo, todo lo que ha habido en Valladolid con participaciones preferentes, que ha habido miles de demandas estimadas con la aplicación de la normativa tanto del Supremo, como del Tribunal de Justicia de la UE, en materia de protección del derecho de los consumidores, que establecía un nivel de protección a través de un sistema de información de lo que se firma; y aquí se han estimado un 98 o un 99 por ciento de las demandas. ¿Que a lo mejor queda empañado todo por esa última jurisprudencia de la Sala III del Supremo? Pues no lo sé.

¿Qué nota le daría usted al proceso de digitalización de la Justicia?

Un cinco, siendo generoso. Tiene cosas buenas y está claro que es el futuro, pero tiene todavía muchas carencias. El gran problema está en las piezas de cada asunto, así como en la identificación de cada uno de los documentos. Además, no existe ningún límite en la extensión de las demandas, mientras que, el Tribunal de Justicia de la UE , por ejemplo, sí pone un límite de 25-30 folios. En el ámbito civil, para un procedimiento verbal en el que se reclama como máximo 2.000 euros, puede haber demandas con 45 hojas. El hecho de tener que verlo en un monitor es más lento que en papel, donde ya vas directamente al documento, con lo que no ayuda a la agilización de la Justicia que se pretende conseguir. Hay que insistir en ello, pero tienen que mejorar muchas cosas aún. Ahora mismo estamos a años luz de mejorar el sistema que teníamos con el papel. 

Estamos a mes y medio de cerrar 2018 y el Campus de la Justicia no acaba de hacerse realidad, ¿se ve trabajando en el antiguo colegio El Salvador?

Una vez más, estamos ante un tema político. A los jueces nos da igual que se haga en El Salvador o donde se iba a hacer antes. Lo importante es que estemos todos juntos y trabajar con unas buenas instalaciones, como ocurría antes cuando se hacían los palacios de justicia, porque da una buena imagen al ciudadano. Si lo ponen en la plaza de San Pablo, pues es una buena ubicación; y si fuese al antiguo edificio de Hacienda en la plaza de Madrid, pues también nos parecería bien, con tal de que fuesen buenas instalaciones y se hiciese de la mejor manera para la Administración de Justicia.

¿Usted cree en este proyecto?

Todo es posible en esta vida... Otra cosa es el tiempo que lleve. Lo de San Pablo parece un buen proyecto y la ubicación es buena, porque, al estar cerca de los Juzgados de Angustias y del Palacio de Justicia, pues, de algún modo, se unificaría todo. Ese fue un proyecto que se desechó en su día por otro Gobierno socialista, luego se fue a la opción de Girón, ahora se ha vuelto a retomar este... a nosotros nos da igual, lo que queremos es que se haga. En Justicia no queremos nada que no tengan otras muchas administraciones que se agrupan sus instalaciones para así evitar los desplazamientos al ciudadano, pues a ver cuándo nos toca a Justicia, que nos hagan un edificio que aglutine todo. Que lo hagan donde quieran, pero que lo hagan; que alguna vez la Justicia entre con prioridad dentro de los Presupuestos.

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