La Consejería de Fomento y Medio Ambiente creará una segunda vía para sacar del ‘limbo’ a unas 50.000 viviendas irregulares en Castilla y León que se construyeron sin autorización y en suelo rústico en las décadas de los 80 y 90. Para ello, cada municipio podrá elaborar planes de regularización urbanística, que determinarán los usos permitidos y ordenarán las dotaciones urbanísticas e infraestructuras, con el objetivo de que se integren dentro de los núcleos de población y mejore la calidad de vida de sus habitantes.
Fuentes del departamento de Antonio Silván destacaron que este nuevo procedimiento se aplicará en la Comunidad mediante la Ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, que se aprobará durante el mes de septiembre. La norma, que ya ha superado el debate de totalidad en las Cortes, incluye un artículo que modifica la Ley de Urbanismo de 1999, a petición de los propietarios afectados, así como de algunos ayuntamientos gobernados por el PSOE.
Asimismo, Fomento insistió en que no se trata de un «atajo» legal puesto que las viviendas no cumplen las exigencias urbanísticas, sino de habilitar una fórmula que permita incluir en los planeamientos urbanísticos estas edificaciones, realizadas hace décadas cuando el control urbanístico era menor. Fuentes de la Consejería matizaron que es la única fórmula para garantizar servicios públicos como el alcantarillado, el alumbrado o el suministro de agua y evitar conflictos con los ayuntamientos.
Urbanizaciones. La Consejería explicó que se trata de un «problema acotado» en Castilla y León, por lo tanto diferente al que generó el ‘boom urbanístico’ en zonas de costa y del sur peninsular. Fomento indicó que la mayoría son urbanizaciones y nuevas poblaciones que surgieron en paralelo a municipios del alfoz de las ciudades durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. En concreto, la Junta estima que se encuentran en situación irregular unas 50.000 edificaciones en Castilla y León, de las que el 20 por ciento se concentra en Valladolid.
Fomento explicó que muchas de las edificaciones que se podrán regularizar de acuerdo al nuevo procedimiento están ubicadas en municipios vallisoletanos como La Pedraja de Portillo o Traspinedo, aunque también hay asentamientos de este tipo en el entorno de las ciudades de Salamanca y León, y en menor medida en Burgos. La Consejería remarca que estas zonas pertenecen a los grandes núcleos urbanos de Castilla y León, debido al fuerte crecimiento urbanístico que experimentaron hace unos 30 años, fruto del desarrollismo industrial.
Áreas de regularización. La Consejería pretende corregir los «efectos negativos» de la ocupación de los terrenos clasificados como suelo rústico de asentamiento irregular siempre que no cuenten con una protección natural o cultural. También, busca prevenir riesgos en materia de salubridad, incendio o inundación.
Además, las regularizaciones se efectuarán sobre ámbitos definidos como áreas de regularización, que contarán con un plan especial que determinará con detalle las autorizaciones que se podrán conceder, así como la documentación exigible y fórmula de aplicar los procedimientos urbanísticos.