La vuelta al funcionamiento de las plantas de tratamiento de purines y cogeneración de la Comunidad se va produciendo lentamente tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 en la que se declaraba nula la decisión del Ministerio de Industria y Energía de limitar a 15 años las ayudas para generar electricidad a partir de deyecciones ganaderas. Sin embargo, esta resolución judicial no ha llegado a tiempo para todas, porque algunas empresas como las que gestionaban las plantas de Los Rábanos o Ágreda decidieron desmantelar sus instalaciones.

La supresión del sistema de incentivos en la renovables, cogeneración y residuos aprobada por el Gobierno de España llevó a principios de 2014 al cierre temporal de las once plantas que existían en esos momentos en Castilla y León y que trataban unos 650.000 metros cúbicos de purines al año en la Comunidad. Una situación que se ha mantenido durante estos últimos años, aunque tras conocerse la sentencia del Supremo que revocaba esta decisión ministerial, algunos de sus gestores decidieron iniciar los trámites para retomar la actividad.

El presidente de la Asociación de Empresas de Desimpacto Ambiental de Purines (Adap), Josep Capdevila, detalló que en la actualidad ya hay tres plantas que se encuentran en funcionamiento, las de Milagros (Burgos), San Millán de los Caballeros (León) y Hornillos de Eresma (Valladolid). Además, las empresas que gestionan las de Turégano (Segovia) y Tordómar (Burgos) realizan las inversiones y movimientos necesarios para que puedan volver a la actividad en los próximos meses.

La única planta que buscó una alternativa fue la de Almazán (Soria), donde todavía se realizaban labores de tratamiento de residuos orgánicos. La otra soriana ubicada en Langa y la de Fompedraza, en Valladolid, están a la espera de conocer cómo se ejecuta finalmente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

Desde Adap se recurrió la orden ministerial elaborada para atender este fallo judicial que declaró nulos varios anexos de la anterior de retribuciones publicada en 2014. «El principal problema de la nueva orden es que el Ejecutivo ha reducido la vida útil regulatoria de la plantas de purines -pasando de 25 a 15 años-, cuando el Supremo, en ningún caso dio pie a que se modificara ese parámetro», explica Capdevila, que confía en que se conozca en breve la resolución definitiva para que las empresas gestoras de las plantas puedan adoptar una decisión sobre su futuro y la rentabilidad de las mismas.

El cierre de las plantas de purines ocasionó un gran problema para los ganaderos de la Comunidad que tuvieron que buscar otras alternativas para el tratamiento de los residuos, que pasan en la mayor parte de los casos por trasladarlos a terrenos aledaños donde se convierten en abono para la tierras. Capdevila recordó que estas plantas realizaban «una importante gestión ambiental» y tras su cierre desconoce cómo se controlan los purines.