Todos los bosques, montes, pinares y dehesas de Castilla y León unidos ocuparían la superficie el equivalente a las provincias de León, Palencia, Burgos, Soria y Valladolid. Y se podría decir eso de que una ardilla sería capaz de recorrerlas saltando de rama en rama. Siguiendo con este ejercicio teórico, las administraciones públicas (ayuntamientos, juntas vecinales y Junta) son las dueñas de la superficie superior a León y Palencia unidas mientras que una multitud de pequeños propietarios (más de 710.000) se reparten una superficie forestal equivalente a toda la provincia burgalesa con pimpolladas menores de 50 hectáreas, imposibles de gestionar adecuadamente.
Son datos que se desprenden del Estudio de Propiedad Forestal de Castilla y León, presentado ayer por el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz. «Prácticamente todas las familias de la comunidad tienen una pequeña parcela», resume.
De los 719.039 propietarios localizados, el 99 por ciento tienen parcelas con una superficie media de 0,9 hectáreas, mientras que otros 8.000 se reparten 3,6 millones de hectáreas. La Junta ve en esta fragmentación de la propiedad forestal en Castilla y León un problema importante, ya que al ser tan pequeñas, muchas veces los dueños las dejan en el olvido y se convierten en foco de problemas (llámense incendios). Sin olvidar que muchos de los propietarios viven alejados de los pueblos donde están sus montes, cuando no fuera de la propia Comunidad.
Por esta razón, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se va a promover la unión de estos pequeños minifundios forestales a través de concentraciones en grupos de gestión que permitan, por un lado cuidarlos y por otro sacar un rendimiento productivo a esas masas boscosas. «Se trata de un trabajo que nos marcamos para un plazo de diez años», insiste el director general de Medio Natural.
La nueva normativa de montes no contempla sanciones a los propietarios de parcelas forestales que abandonadas, como sí lo tiene Galicia, pero tiene herramientas para potenciar la agrupación y sobre todo evitar que un único propietario pueda bloquear estas uniones. «Pretendemos poner en valor 1,2 millones de hectáreas ahora improductivas», enfatiza José Ángel Arranz, quien cree que la iniciativa de estas concentraciones tienen que llevarlas las entidades locales, con el apoyo regional. Según sus cálculos, podría haber entre 4.000 y 5.000 procesos de agrupación.
Los principales problemas de fraccionamiento de la propiedad se encuentran en las provincias de norte: León, Burgos y Palencia. La explicación se encuentra en la historia, como recuerda Arranz. «Esta estructura data de la reconquista cuando se repartían los terrenos y en el norte predominaba el minifundio y conforme se avanzaba hacia el sur se entregaban grandes latifundios», recuerda el director general. Las dehesas de Salamanca o Ávila son el extremo contrario.
Otra de las acciones que promoverá la Junta, en cumplimiento con la Ley de Montes, es la creación de un registro de propietarios forestales «que permita conocerlos y mantener unas relaciones más fluidas con los dueños y que estos estén informados también de las ayudas que tienen a su disposición», apunta el director general de Medio Natural.