Las explotaciones de titularidad compartida ganan terreno en Castilla y León y ya ascienden a 176, con un incremento en el último año de un 46,7 por ciento, el mayor contabilizado desde la entrada en vigor de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Con este dato, la Comunidad se consolida como la que mayor respaldo da a esta fórmula, seguida por Castilla-La Mancha, que ronda las 150 explotaciones, y el País Vasco, con apenas 40.

Según los datos aportados a Ical por la Consejería de Agricultura y Ganadería, de las cinco explotaciones contabilizadas en 2012 en Castilla y León, año en el que entró en vigor la norma (el 5 de enero), la tendencia en la constitución del número de explotaciones de titularidad compartida ha sido creciente desde entonces, con un mayor asentamiento en el año 2015 (se pasó de 28 explotaciones a 65) y ahora en 2018 (desde 120 explotaciones en 2017 a las 176 actuales).

Por provincias, León es la que encabeza el número de explotaciones en la Comunidad, con un total de 53 (30,1 por ciento), seguida de Burgos, con 24 (13,6 por ciento) y Palencia, con 20 (11,3 por ciento). A la cola en esta tendencia para favorecer el reconocimiento de la igualdad real y efectiva de la mujer en el medio rural por su participación en la actividad agraria se encuentran las provincias de Zamora y Segovia, con siete explotaciones cada una (3,9 por ciento).

Según recoge la propia norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de octubre de 2011, la ley ofrece una nueva figura jurídica de carácter voluntario que persigue como fin último la equiparación de hombres y mujeres en el medio rural a través del reconocimiento jurídico y económico derivado de su participación en la actividad agraria. Se quieren así regular los derechos económicos generados a favor de la pareja, frente al titular de la explotación agraria, como contraprestación por su actividad agraria, efectiva y regular en la explotación. De esta manera, la administración corresponderá a las dos personas titulares y los rendimientos generados por la explotación se repartirán al 50 por ciento entre ambos titulares.

Los dirigentes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León lamentan que no se hayan cumplido las expectativas que se tenían con este instrumento de reconocimiento a la labor de la mujer en el campo. Aunque no todas las organizaciones entienden que la falta de información sea una de las causas que esté frenando el que exista una mayor apuesta por esta figura, en lo que sí coinciden es en resaltar la importancia de nuevos profesionales a la actividad agraria para que luego opten por la figura jurídica que prefieran.

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, reconoció que la organización agraria tenía “muchas más expectativas de lo que se ha hecho”, y aunque la Comunidad sea la que lidera “con creces” la apuesta por esta modalidad, se encuentra “muy lejos de lo que se pensaba y de las expectativas cuando se puso en marcha” aunque, a pesar de estas cifras, abogó por no “obsesionarse” con esta situación.

Para Dujo, la lectura más positiva es que los profesionales “tienen la posibilidad de poder elegir la fórmula que cada uno quiera”, por lo que animó a los jóvenes, bien sean hombres o mujeres pero que sientan la actividad “con orgullo y ganas” a que se instalen, se hagan agricultores o ganaderos y luego “elijan la fórmula jurídica que estimen más oportuno y más apropiado a lo que quieren desarrollar”. A su juicio, la falta de información no es la causa de estas cifras, porque a todo aquel que se incorpora a la actividad “se les informa de los pros y contras, de las fórmulas y demás”, aclaró.

El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, coincidió en que no se han cumplido “ni con mucho” las expectativas, porque se esperaba que esta ley “tuviera más éxito” dado que son muchas las mujeres que “de alguna manera u otra” colaboran con la explotación y no tienen otra ocupación, pero que “no han dado el paso” para convertirse en cotitulares. “La situación ideal es que las mujeres se den de alta al mismo nivel” que los hombres, es decir, como titulares.

Sin embargo, atribuyó a la falta de información una de las posibles causas para que no se haya avanzado en la medida esperada. “Quizá lo primero es falta de información e interés por parte de la administración en animar a esto”, al tiempo que incidió en que no es suficiente con dar luz verde a una medida “si no se ven las ventajas ni se está lo suficientemente abierto a cambiar la situación”, al tiempo que valoró la posibilidad de que también haya dudas sobre fiscalidad y muchas cosas”, por lo que instó a desarrollar jornadas en las zonas rurales y, en el caso de que no funcione, analizar las causas.

El coordinador de Coag en la Alianza UPA-Coag, Aurelio González, coincidió en que el seguimiento a la titularidad compartida “no ha sido el esperado” a pesar de que se ha trabajado mucho por ello, con la presencia de responsables de esta materia en diferentes ámbitos. “Las cifras no son las esperadas, porque la ayuda nos parece insuficiente”, sentenció González, quien apostilló que las condiciones de alta son “malas” por la situación general del sector, además de que con el alta de la figura masculina, la cobertura sanitaria está cubierta también para la mujer.

“Las explotaciones están muy ajustadas, no hay márgenes comerciales, hay un problema serio de rentabilidad y aguantar el pago de dos cuotas a la Seguridad Social supone un esfuerzo muy grande”, explicó. Por ello se sigue trabajando para mejorar las condiciones con la implementación de un sistema de ayudas que subvencione la parte del coste de esa cuota a la Seguridad Social para que el seguimiento a la titularidad compartida “despegue”, a pesar de que se tiene constancia de que muchas mujeres colaboran con la explotación.

Condiciones de la norma

Según la norma, las personas titulares de la explotación agraria en régimen de titularidad compartida tendrán que estar dadas de alta en la Seguridad Social, ejercer la actividad agraria y trabajar en ella “de forma directa y personal” y residir en el ámbito rural en el que se encuentre la explotación.

Los rendimientos generados por la explotación se repartirán al 50 por ciento entre ambas personas titulares de la explotación agraria de titularidad compartida; y una vez repartidos, estos rendimientos se regirán por lo contemplado en el régimen económico matrimonial de ambas personas o los pactos patrimoniales suscritos por las parejas de hecho. Sin embargo, para que la titularidad compartida de las explotaciones agrarias produzca todos sus efectos jurídicos, será necesario que estén inscritas en el Registro constituido al efecto por cada una de las comunidades autónomas.

La titularidad compartida de las explotaciones agrarias se extinguirá por la nulidad, separación o disolución del matrimonio; por la ruptura de la pareja de hecho, o por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus miembros; por la pérdida de titularidad de la explotación agraria por cualquier causa legalmente establecida; por transmisión de la titularidad de la explotación a terceros; o por acuerdo entre las personas titulares de la explotación agraria manifestado mediante comparecencia personal o firma electrónica ante el registro de titularidad compartida.