Seiscientas personas conmutan cada año sus penas por algún tipo de trabajo comunitario. La cifra se mantiene más o menos invariable durante los últimos años, después de que a finales de 2007 entrase en vigor la primera de las reformas penales que convertían en delito determinadas actitudes al volante, como ir a 110 km/h por ciudad o con 0,60 de alcohol en el cuerpo. En la prisión provincial han percibido cómo, en este tiempo, el número de personas condenadas a trabajos comunitarios se ha ido disparando, de los poco más de cien que había hace siete años, hasta los 650 que, por ejemplo, se llegaron a tramitar en el pasado 2014.
El grueso de penados acabó con una de estas condenas por culpa de la violencia de género o por una imprudencia al volante. Así, según datos que la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, el 30% de las personas que iniciaron el cumplimiento de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) durante 2014 eran reos de un delito de violencia de género, mientras que otro 27% terminó condenado por un delito de tráfico y otro 14%, por infracciones relacionadas con el patrimonio.
Los jueces pueden imponer una serie de jornadas de trabajos comunitarios para sustituir una pena de cárcel (en condenas por pequeños hurtos o robos, o hasta por insultar a un vecino, por ejemplo), para suspenderla a cambio de que se lleve a cabo un taller de reeducación (en casos de malos tratos sin reincidencia o de delincuentes con adicciones a las drogas o alcohol) o, directamente, para que se desarrolle un número determinado de jornadas de TBC.
Más talleres. En la actualidad, la tendencia, según explica a este periódico el director de la prisión provincial, Carlos Blanco, es tratar de que los penados por delitos de tráfico y violencia de género no tengan que cumplir sus condenas con unas jornadas de trabajo como tal -en un servicio de limpieza o ayudando en una oenegé, por ejemplo-, sino que se les envía a talleres de reeducación: «El juez ordena que acudan a estos cursos y que los superen para dar por cumplida la pena. Si no lo hacen o si dejan de ir, se les acusa de un delito de quebrantamiento de condena y acabar en prisión».
La imposición de los trabajos comunitarios requiere siempre el consentimiento del penado, si bien «es algo que todo el mundo suele aceptar e, incluso, pedir si el juez no se lo impone, porque la gente prefiere pasar por terapia o barrer las calles que ir a prisión», argumenta el director del Centro Penitenciario de Valladolid.
En Valladolid hay cerca de un centenar de asociaciones y todo tipo de oenegés que colaboran con la prisión provincial dando puestos de trabajos en beneficio de la comunidad a estas personas. «Hablamos de unas 80 o 90, entre las que hay de todo, desde Cáritas a Proyecto Hombre, pasando por el Banco de Alimentos», detalla Carlos Blanco. Además, también se cuentan con varios puestos en el Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid «y otros muchos ayuntamientos que nos ofrecen plazas, en ocasiones, para dar cabida a algún vecino que tiene que cumplir y que se lo ha pedido».