La producción cinematográfica regional también entra en la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) que otorga la Junta de Castilla y León. De hecho, esta misma semana ha dado esta protección especial a la película ‘El Canal de Castilla’, rodada en 1930, que se convierte así en el primer documental en España en gozar de esta consideración. Esta película, realizada por el director salmantino Leopoldo Alonso, se conserva en la Filmoteca de Castilla y León.
Coincidiendo con este reconocimiento se podrá visualizar la copia restaurada en el marco de la XI edición de la Bienal AR&PA, que se celebra hasta el domingo en Valladolid. De hecho, la sección Innovación se ocupará del cine como hecho patrimonial mediante diversas actividades relacionadas con los Fondos Fílmicos. Así, bajo el título ‘El cine en la memoria. Imágenes recuperadas’ se realizarán varias proyecciones de películas históricas, custodiadas en la Filmoteca de Castilla y León, entre ellas el documental sobre esta infraestructura inconclusa, fruto del ‘sueño ilustrado’, que pretendía unir Tierra de Campos con el mar.
«A la declaración deBIC de este documental se sumará la de otros documentales históricos rodados en la región y que se conservan en la Filmoteca de Castilla y León», avanza Enrique Saiz, director general de Patrimonio de la Junta. Saiz explica que en los últimos años la Consejería de Cultura está poniendo en valor «nuevos patrimonios», como pueden ser el industrial, el etnográfico, el de transportes y también el fílmico. «En el caso de esta declaración se prima el aspecto documental y que es un reportaje muy bien realizado», concreta. La Junta espera que con esta declaración se pueda contribuir a «difundir» el rico patrimonio filmográfico de Castilla y León. «La proyección en el marco de AR&PA pretende contribuir a esa difusión social», explica.
nueva ley. En este sentido, el anteproyecto de la futura Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León reforzar la participación social en la gestión del mismo e incluye un artículo relativo a la cooperación con las entidades locales, en el que se indica que éstas velarán por la protección y la conservación de los bienes culturales ubicados en su ámbito territorial y colaborarán activamente en la gestión del patrimonio cultural. Igualmente, establece los deberes de las entidades locales en relación al Patrimonio Cultural.
Entre las novedades del antreproyecto también se incorpora un nuevo enfoque social de la gestión del patrimonio cultural y garantiza el apoyo público a los propietarios de los bienes de interés cultural. Además, el documento establece principios y criterios para la intervención en los bienes de interés cultural e incluye los bienes inmateriales con definición propia, en los términos establecidos en la Convención Unesco.
En la actualidad, existen un total de 2.297 bienes declarados de Interés Cultural que gozan del máximo nivel de protección en Castilla y León. De ellos, 2.289 son patrimonio material -destacan 1.059 monumentos, 139 conjuntos históricos y 113 zonas arqueológicas- y ocho son patrimonio inmaterial.