La fiscalía exige más medios contra la violencia de género

SPC
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La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, reclama más medios humanos y materiales, así como la puesta en marcha de una red asistencial que empodere a la mujer desde que acude a presentar una denuncia hasta el final del proceso

La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, denunció hoy la falta de medios humanos y materiales de las fiscalías de la Comunidad, pero también de los Cuerpos y Fuerzas del Seguridad del Estado para combatir la violencia de género, a la vez que planteó la necesidad de establecer mecanismos para evitar que se incrementen el número de sentencias absolutorias como consecuencia de la retirada de la denuncia por parte de la víctima. Rodríguez Rey, que compareció en la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León para informar sobre la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2017, mostró su preocupación por el incremento de las sentencias absolutorias, que en el último año ha pasado del 25 al 30 por ciento, y reclamó la puesta en marcha de una red asistencial que empodere a la mujer desde el momento en que acude a presentar una denuncia hasta el final del proceso.

En este sentido, también denunció la falta de medios en la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como en los juzgados de guardia, para que el momento de presentar la denuncia se realice una valoración adecuada del riesgo. Además, criticó que aunque el Pacto de Estado contra la Violencia de Género está liberando más fondos públicos para luchar contra esta lacra, estas partidas no están llegando a la Administración de Justicia, ya que las unidades de valoración siguen sin tener dedicación exclusiva y los recursos de las oficinas de asistencia a las víctimas son “mínimos”. Además, en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también indicó que no disponen de los medios suficientes para hacer un seguimiento adecuado de las órdenes de protección que se dictan, a la vez que planteó la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones para evitar la “dispersión de esfuerzos y recursos” en la lucha contra la violencia machista y en la protección de las víctimas.