Indignación. Esta palabra define casi a la perfección el sentimiento colectivo del Gobierno autonómico tras la publicación de unas balanzas fiscales que imputan una sobrefinanciación de 3.929 millones a la Comunidad. El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, manifestó de forma contundente que «con nosotros que no cuenten».
Las cuentas territorializadas o «balanzas trucadas», según De Santiago-Juárez, sólo «distraen, enredan y confunden» a los ciudadanos. «Recomendaría que no paguen el estudio a los expertos, y si lo hacen que no nos lo imputen a Castilla y León en la balanza fiscal de 2014», afirmó.
El portavoz insistió, siguiendo la línea mantenida por el presidente de la Junta y la consejera de Hacienda, en que el informe encargado por el Ministerio de Hacienda «no tiene nada que ver con el sistema de financiación autonómica», pues los expertos han incluido las inversiones del Estado en el territorio y otros datos que se alejan de la financiación de los servicios y prestaciones de competencia autonómica, principalmente la sanidad, la educación y los servicios sociales.
José Antonio de Santiago-Juárez remarcó que la Junta no quiere entrar en este debate y reiteró la advertencia de que no cuenten con Castilla y León para un enfrentamiento territorial en base a las balanzas fiscales.
El representante autonómico explicó que estos datos responden a las inversiones del Estado en la Comunidad durante 2011 que coincidió con la expansión del AVE en la región, lo que provocó mayor gasto. Por ello, aludió al artículo 2 de la Constitución que, además de asegurar la indisoluble unidad de España, recoge la solidaridad entre autonomías. Y esa solidaridad, subrayó, significa también «saber esperar», que es lo que hizo Castilla y León cuando el AVE comenzó a extenderse hacia el sur y luego al este. «Lo entendimos por el bien de España», afirmó.
Solidarios. «La solidaridad no es un dato contable, es el factor necesario para hacer viable el estado de las autonomías», incidió, para insistir nuevamente que el actual modelo de financiación, que tachó de «fallido e insuficiente», aporta 450 millones menos de los necesarios para cubrir la educación, la sanidad y los servicios sociales. La necesidad de una reforma más justa, sostuvo, «no es un capricho identitario».
Castilla y León no permitirá que se mezclen las balanzas fiscales y el modelo de financiación, aunque continuará reivindicando la negociación de un nuevo modelo «suficiente y solidario», aunque «sabremos esperar a que se den las circunstancias», es decir, cuando la recuperación se haya afianzado y haya más recursos para aportar al sistema. «En esto sí se juega el futuro de la Comunidad», dijo De Santiago-Juárez.
El consejero volvió a criticar el informe de los expertos por no haber tenido en cuenta el número de pensionistas, la dispersión o la extensión geográfica. «Eso hubiera dado otro resultado, lo mismo que si cogen el año 1982 en vez de 2011». Por ello, aún reconociendo que no quería entrar en el detalle de las balanzas fiscales, De Santiago-Juárez reiteró que «la financiación autonómica es el dinero que se recibe para financiar los servicios básicos», nada más.