La Junta está empeñada en facilitar el acceso a la vivienda a las familias castellanas y leonesas y, en estos momentos de dificultad, ha aprobado 22 medidas urgentes que amplían los colectivos de especial atención y fomentan el alquiler. Entre ellas, el consejero de Fomento, Antonio Silván, destaca la rebaja sustancial de los precios máximos de venta o alquiler de las viviendas aún sin adjudicar o en proceso de construcción aplicando un coeficiente reductor del 0.8, lo que supone que los precios máximos de venta o alquiler se rebajan en un 20 por ciento.

El Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley con las 22 medidas urgentes, que será convalidado en las Cortes y luego tramitado como un proyecto de ley, encaminadas a paliar las enormes dificultades para acceder a la vivienda e incluso, en muchos casos, para mantenerla, así como un decreto  que desarrolla el fomento del alquiler.

Antonio Silván manifestó que la Junta «pretende dar una respuesta global, urgente y apoyar a las personas y familias más necesitadas», por ello se contempla la ampliación de los colectivos de especial protección, incluyendo a las familias con todos sus miembros en paro, afectados por desahucios, personas que pierdan su casa por una separación, divorcio o nulidad matrimonial o por una expropiación o ruina, damnificados por catástrofes o por ocupar una vivienda con deficiencias en su habitabilidad.

Uno de los grandes objetivos es la movilización de las viviendas de titularidad pública, para lo cual la Junta facilitará el pago de las cuotas de compra o alquiler de sus VPO para evitar desahucios, facilitando moratorias o reestrucuraciones de la deuda hipotecaria, así como aplazamientos en los pagos de la renta. También, prevé facilitar el acceso a la propiedad con descuentos del 30 por ciento por amortización anticipada y del 40, si se adquiere una vivienda en arrendamiento.

Asimismo, Fomento aplicará en las viviendas de promoción pública sin adjudicar una reducción del 20 por ciento los precios de venta y alquiler para que puedan acceder colectivos más amplios, si bien esto afectará a las próximas viviendas en adjudicar y no a las 12.471 viviendas públicas existentes, de las cuales 11.332 corresponden a venta y 1.139 a alquiler, mientras que 100 permanecen desocupadas para situaciones de emergencia.

El decreto contempla la obligación de que la Junta y los ayuntamientos reserven un número de viviendas para atender situaciones de emergencia, en colaboración con los servicios sociales, y otras medidas sobre VPO de promoción privada, fomento del alquiler y nuevo régimen legal.