De unos años a esta parte, el aceite de palma se ha convertido en el gran villano de la gastronomía, con el permiso del exceso de azúcar. Las campañas de sensibilización sobre sus efectivos nocivos se han multiplicado desde el ámbito sanitario, y las marcas han empezado a reaccionar a esta concienciación social elaborando sus productos sin aceite de palma y, además, utilizando esta decisión como reclamo comercial.

Las administraciones también empiezan a tomar medidas para limitar el consumo de un ingrediente que, según los nutricionistas, tiene un alto contenido en grasas saturadas. Pero su bajo coste hace que sea la opción elegida mayoritariamente por la industria de la alimentación. Las Cortes de Castilla y León aprobaron a principios de este mes una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para instar a Sacyl a que tome las medidas adecuadas para garantizar que en los centros sanitarios no se sirve ningún alimento elaborado con aceite de palma. Una propuesta que no solo se refiere a los menús, también abarca las máquinas expendedoras. Belén Rosado, una de sus impulsoras junto a José Ignacio Delgado, asegura que los potitos que se ofrecen en los hospitales tienen este aceite de palma, así como las galletas y otros alimentos. «Debe haber un control, porque, si lo dejamos en manos de las empresas, siempre se van a decantar por el precio», asegura Rosado. Durante la presentación de la proposición no de ley aportó datos al respecto: «Una tonelada de aceite de palma cuesta 600 euros; de girasol, 1.500 euros; y de oliva, 3.000 euros». Desde Sacyl reconocen que el Gobierno regional no da directrices a los centros sanitarios para la elaboración de los menús, aunque «los Servicios Oficiales de Salud Pública realizan inspecciones para verificar las condiciones de seguridad alimentaria». Además, los hospitales cuentan con la colaboración de nutricionistas y endocrinos para elaborar los menús, aunque no hay ningún tipo de restricción a utilizar aceite de palma, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los comedores escolares. En al año 2014 la Consejería de Educación aprobó que las empresas adjudicatarias de este servicio no podían utilizar aceite de palma en la elaboración de productos y tampoco podían servir «como integrante de materias primas de productos servidos en los comedores». 

La misma línea ha seguido la Consejería de Familia desde hace unos meses. «Los nuevos contratos que ya se están tramitando para el suministro de productos en los centros de mayores dependientes de la Consejería incluyen el rechazo a productos tratados o elaborados con aceites de coco, palma o palmiste, o con grasas hidrogenadas», apuntan desde este organismo.

El propio Gobierno de España, a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, se posicionó el año pasado en contra de este producto, si bien puntualizó que «no existen, a día de hoy, motivos de seguridad alimentaria que justifiquen una prohibición». Eso sí, a través de un escrito avisó de que «este tipo de grasa no es recomendable en el contexto de una dieta saludable, ya que eleva el colesterol y puede favorecer la arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares». El aceite de palma contiene casi un 50 por ciento de ácidos grasos saturados, sobre todo ácido palmítico, cuando lo recomendado es que la ingesta de grasas saturadas no supere el diez por ciento de las calorías totales de la dieta.

El trabajo de la industria alimentaria es el más importante en la reducción del consumo de este aceite, por eso el Gobierno está trabajando con ella para que lo hagan voluntariamente, al igual que la sal y el azúcar añadido. Pero el papel de la distribución también es clave. Y llevan tiempo trabajando en ello. Por ejemplo, en los centros de El Corte Inglés de Valladolid están en contacto con los fabricantes de productos de su propia marca para conseguir «la progresiva sustitución del aceite de palma por otras grasas de origen vegetal, como el aceite de girasol o de coco».

Pero su eliminación no siempre es posible, porque el aceite de palma tiene unas propiedades que favorecen la untuosidad de los alimentos (de hecho, también se utiliza mucho en cosmética). En estos casos, El Corte Inglés pide que el aceite de palma tenga un certificado de sostenibilidad, porque otro de los dramas derivados de este producto es la deforestación que está provocando su cultivo en masa. Según Greenpeace, miles de hectáreas de selva tropical se pierden cada año en lugares como Borneo, Sumatra y Nueva Guinea para plantar este fruto.

El caso de El Corte Inglés no es una excepción. Desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, aseguran a este periódico que «el aceite de palma es un componente difícil de sustituir en ciertos productos, como los chocolates; aun así, tanto la distribución como la industria están haciendo un importante esfuerzo en I+D para buscar sustitutos que cumplan las mismas funciones y por ello estamos viendo iniciativas que están saliendo a la luz ahora, después de casi dos años de cambios y seguramente mucho esfuerzo de investigación y desarrollo detrás».

Una Fundación para su utilización sostenible

La Fundación Española del Aceite de Palma es una asociación de diez empresas que busca «contribuir a mejorar el conocimiento y la percepción por parte de la sociedad» sobre este producto. El colectivo recuerda que este aceite se utiliza desde hace más de 5.000 años y dice que «no conlleva ningún riesgo cuando se incluye dentro de una dieta equilibrada».