La Junta de Castilla y León y la Fundación Anclaje han criticado la falta de respuesta y las formas de los representantes de Lactalis tanto en España como en Francia e incluso el presidente del Ejecutivo, Juan Vicente Herrera, se ha dirigido a la Embajada española en el país vecino y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a su homólogo francés.

Así se ha puesto de manifiesto tras una reunión entre el Comité de Empresa de Lauki y la Fundación Anclaje (en la que están representados los sindicatos, la patronal y el Ejecutivo), tras la que han comparecido la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, acompañada de sus integrantes y del eurodiputado Agustín Díaz de Mera, que ha presentado algunas iniciativas que llevará a cabo en el ámbito europeo.

Milagros Marcos, que considera "indiscriminada" la actuación de Lactalis con la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla el cierre de Lauki, ha insistido en que se buscan alternativas a esta situación mediante el diálogo, pero no ha habido respuestas, incluso los responsables de la multinacional en España comunicaron este mismo miércoles que no asistirían a una reunión fijada para este viernes.

Según la consejera, se han ofrecido a hablar en Granada, por teléfono o en Valladolid el 1 de junio, fecha en la que ya se habría cerrado el periodo de consultas del ERE, algo a lo que no quieren esperar. Marcos ha aclarado que insistirán y trabajarán en al Fundación Anclaje "de modo prudente" pero de "forma decidida" para hacer todo lo que esté en sus manos por las 85 familias que trabajan en la fábrica. "Y que al menos se nos escuche", ha aseverado.

Ante esta situación, el presidente de la Junta se ha dirigido al embajador de España en Francia, Ramón de Miguel Egea, para que busque una posibilidad para un encuentro con el presidente de la multinacional, Emmanuel Besnier, a quien la consejera ha asegurado que contestará mañana para que conozca qué tipo de respuestas dan sus responsables en el país, algo que cree que debe conocer.

El fin, ha señalado Marcos, es tratar de persuadir y explicar el documento que le envió la Fundación Anclaje, en el que se ofrecían incluso flexibilidad de los trabajadores o la búsqueda de ayudas para hacer de la factoría vallisoletana la más productiva, aunque ya genera beneficios. Además, ha aclarado que se trata de ir todos unidos y con la posición de la Fundación Anclaje, sin que esta cuestión sirva "para lucimiento" de nadie.

Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta, aunque la Embajada espera que se le comunique algo desde la multinacional el próximo lunes.

Por otro lado, la falta de respuesta a las diferentes peticiones de reuniones también han hecho que la propia ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ponga en contacto con su homólogo francés para tratar de mediar en los mismos términos.

"Insulto y falta de respeto"

En este contexto, el vicesecretario general de UGT, Evelio Angulo,  ha calificado de "insulto" y "falta de respeto" al conjunto de la ciudadanía por parte de Lactalis.

"Yo no dormiría tranquilo si estuviera haciendo el juego sucio de estas multinacionales", ha asegurado Angulo, quien ha añadido que son personas "carentes de escrúpulos" que juegan "de forma despiadada" con más de 250 empleos directos e indirectos y ha advertido de que "aquí no se viene sólo a ganar dinero", sino que hay una responsabilidad social.

El representante de UGT ha aclarado que sólo hay "un plan A" que consiste en que Lactalis mantenga el mismo volumen de empleo con una inversión y posibilidad de flexibilidad. "No puede contestar con un portazo", ha agregado.

En la misma línea, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Vicente Andrés, ha reiterado que la propuesta de la Fundación Anclaje garantiza la viabilidad y mejora la cuenta de resultados de Lactalis y no quieren hablar, "sólo del cierre". A su juicio, éste es el "problema" después de todo lo que se ha propuesto.

Acción judicial y una "sorpresa"

Por ello, ha avisado de que sólo les queda "la presión" a todos los niveles porque no responden "a la cultura europea del diálogo y el respeto a las instituciones", algo que considera que les hace "maleducados" y les obligan a tomar medidas de presión o incluso a acudir a los tribunales, dado que consideran ilegal una deslocalización tal y como se ha planteado.

Andrés ha asegurado que no quieren llegar a "este extremo" y pretenden una solución antes, al tiempo que ha afirmado que les espera "una sorpresa" antes del 28 de mayo, cierre del periodo de consultas del ERE, que no ha querido adelantar.

En este contexto, el presidente del Comité de Empresa de Lauki, José Manuel González, ha agradecido los apoyos, que son los que "dan fuerza" y les hace estar "superunidos" y ha admitido que aunque ven "difícil" la situación "no es imposible" y estarán "dando la batalla".

Iniciativas del PP en Europa

A la reunión también ha asistido el eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera, quien llevará a cabo varias iniciativas en el Parlamento Europeo, además de proponer a la Fundación Anclaje que acuda a la Comsión de Peticiones, algo que no tiene efectos jurídicos pero sí de carácter político.

Por otro lado, ha explicado que tiene el compromiso personal y la vinculación moral y política con este "drama laboral tan injustificado" y por eso intervendrá el lunes por la noche en el Parlamento Europeo para "denunciar" lo que sucede, algo que cree que se tiene que conocer.

Asimismo, ha presentado cuatro preguntas parlamentarias con solicitud de respuesta escrita en las que califica lo que ocurre como un proceso que responde a una "deslocalización planificada dentrayendo volumen de producción de la planta para lastrar sus costes y facilitar y justificar los despidos colectivos".

Así, pregunta las medidas que lleva a cabo la Comisión Europea para evitar prácticas injustificadas de deslocalización empresarial que "contravienen" todos los principios de responsabilidad social corporativa "de la que tanto habla la Comisión".

De la misma forma, pregunta qué se hace para evitar las disparidades entre las legislaciones nacionales sobre insolvencia que puedan generar inseguridad jurídica, un "entorno empresarial desfavorable" y "graves costes sociales" o las medias que toma la Comisión para asegurar que las empresas cumplen con las normas relativas a la responsabilidad social empresarial.

Finalmente, interpela sobre los derechos que tienen los trabajadores ante deslocalizaciones "injustificadas" y cómo pretende asegurar la Comisión su cumplimiento o qué medidas se podrían aportar para quienes fueran despedidos en este caso.