Una de cada siete farmacias de la Comunidad precisa de ayudas públicas para poder sobrevivir

P. V.
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Un total de 253 de las 1.631 oficinas que existen en Castilla y León se benefician del índice corrector de los márgenes aprobado en 2012 al facturar menos de 200.000 euros anuales

Una de cada siete farmacias de la Comunidad, el 15,5 por ciento de las 1.631 que existen, tienen que acudir este año a ayudas públicas para poder sobrevivir por problemas económicos de viabilidad. Según los datos de los que dispone el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), la mayoría de ellas se encuentran en zonas rurales, precisamente donde se produjeron los 13 cierres de establecimientos registrados a lo largo de 2014.
Las farmacias que tienen comprometida su viabilidad económica no llegan a facturar 200.000 euros anuales en total y desde el año 2012 se les aplica el índice corrector de los márgenes que permite que obtengan un incremento en el margen comercial a través de una corrección positiva en la escala de deducciones.
La aplicación de este índice benefició a 248 oficinas de farmacia durante el año 2012, mientras que en 2013 creció hasta las 363 debido al cambio en los criterios de aplicación a partir de abril de 2012 y a la reducción del gasto farmacéutico en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. El año pasado, el dato de las farmacias de Viabilidad Económica Comprometida (VEC) fue de 280 (nueve de ellas en capitales) y en 2015 ha descendido a 253.
Por provincias, desde Concyl explican que durante este año se acogerán a esta norma: en Ávila, 25; en Burgos, 23 ; en León, 31; en Palencia, 10; en Salamanca, 50; en Segovia, 24; en Soria, 22; en Valladolid, 36; y en Zamora, 32.
Los problemas de estas farmacias, principalmente las ubicadas en las zonas rurales, pueden agravarse por la inversión que deben hacer para implantar la receta electrónica y que supone un desembolso de entre 1.500 y 2.000 euros, aunque desde el Consejo de Colegios de Farmacéuticos aumentan esta cifra hasta los 4.000 euros y posteriormente el abono de una cuota mensual que oscilará entre los 60 y los 70 euros (sin IVA).
El presidente del Concyl, Jesús Aguilar, recordó a este periódico que Castilla y León será la última comunidad autónoma en implantar la receta electrónica, lo que ha llegado «en un momento económico complicado que ha impedido la creación de una partida presupuestaria para colaborar con las farmacias» en la instalación de esta nueva tecnología. De esta forma, los colegios oficiales han buscado la ayuda de otras instituciones como las diputaciones, que se han volcado con la medida. Las partidas irán destinadas a adquirir los escáneres y lectores de tarjeta, así como a cofinanciar la compra de los equipos informáticos y conexiones necesarias.
 
un 60% ya preparadas. Según los datos que maneja Aguilar, nombrado recientemente presidente electo del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el sesenta por ciento de los establecimientos de la Comunidad ya tienen listas sus instalaciones para implantar la receta electrónica.
Además, aseguró que el objetivo del Concyl es «conseguir que en todos los sitios hasta conexión, ya sea por ADSL, wifi o satélite» y recalcó que se están encontrando problemas en muchas áreas y no sólo de zonas rurales.
La receta electrónica permitirá expender medicamentos de tratamientos prolongados en el tiempo o de enfermos crónicos sin necesidad de acudir al médico para obtener nuevas recetas. Los plazos previstos inicialmente por la Consejería de Sanidad eran que en noviembre de 2014 arrancará un pilotaje en las localidades vallisoletanas de Cigales, Tudela de Duero y Medina de Rioseco.
Sin embargo, los últimos datos aportados por los colegios de farmacéuticos de la Comunidad apuntan a que esta experiencia piloto se realizará a lo largo del mes de junio para después ir extendiéndose poco a poco por las zonas rurales de la región donde confían que llegue después del verano y terminar con su implantación en las áreas urbanas de Castilla y León.