El tercer año de la Ley Antitabaco se saldó con el menor número de sanciones desde que esta normativa entró en vigor. Las 85 impuestas en año pasado suponen un descenso del 41 por ciento respecto a las 144 de 2012. Pero más allá de estos números resulta muy complicado determinar si este descenso se debe a una mayor concienciación de los ciudadanos o una mera consecuencia del descenso de consumo y de las inspecciones realizadas.

Lo que está claro es que el sector hostelero es el que se lleva la mayor parte de las sanciones, 79 de las 85. Las otras seis están impuestas a locales que no tenían las señalizaciones de prohibido fumar y los extractores que dicta la Ley. Precisamente en este tipo de negocios es donde se registran más denuncias de los ciudadanos. De las 118 del año pasado, 84, si bien todavía se trata de datos provisionales.

Pero la vía más habitual para acabar con una sanción no es una denuncia de un particular, sino las actuaciones de oficio que hacen los inspectores de la Junta de Castilla y León. De hecho, en el 94 por ciento de los casos se procede por este sistema. Eso sí, cada vez menos, porque las inspecciones no han dejado de bajar desde que la polémica ley entrara de lleno en la vida de los ciudadanos. Si en 2011 se hicieron 2.404, el año siguiente apenas se llegó a 2.121 y el año pasado se quedaron 1.919.

Y donde más empeño pone el Gobierno regional en su labor vigilante es en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, que acumulan 639 de esas 1.919 inspecciones. El resto de lugares más visitados por los inspectores son polideportivos, quioscos, recreativos, locales de hostelería y centros de enseñanza. Por otro lado, también se ha reducido notablemente el número de expedientes abiertos, de 165 a 118.

Llama la atención que los 118 expedientes abiertos el año pasado se dividen en dos únicos motivos. El primero, fumar en lugares prohibidos (109); y el segundo, venta de tabaco a menores (nueve).

La Junta esperará a la regulación estatal en relación a los cigarrillos electrónicos

La generalización del uso del cigarrillo electrónico ha hecho que la Administración se ponga manos a la obra para regular un consumo sobre el que planean muchas dudas todavía. En los últimos meses han abierto en Valladolid al menos cinco tiendas especializadas en la venta de este producto, que está teniendo mucho éxito entre un grupo de la población que lo concibe como una alternativa al tabaco menos nociva.

Pero realmente hay muchas dudas sobre los efectos que los cigarrillos electrónicos puedan tener en la salud a largo plazo. De hecho, estas tiendas tienen absolutamente prohibido utilizar como reclamo publicitario que los cigarrillos electrónicos sean una alternativa para dejar de fumar. No es así.

Fuentes de la Consejería de Sanidad reconocieron a este periódico que la Junta no dará ningún paso en su regulación hasta que lo haga el Gobierno. Y no tardará mucho en hacerlo. De hecho, el pasado mes de noviembre la ministra de Sanidad, Ana Mato, ya reconoció que el Gobierno trabaja en este sentido y que está muy pendiente del marco normativo europeo.

Hay otras comunidades que, a diferencia de Castilla yleón, han decidido adelantarse y empezar a regular el consumo del cigarrillo electrónico como si fuera tabaco tradicional. Es el caso de Cataluña, que ha prohibido ‘vapear’ (término acuñado para el uso de estos aparatos) en todas sus dependencias, los centros de salud, los colegios... una elección que podría copiar en breve el Gobierno.