El drama de los desahucios ha vuelto a ser portada de muchos periódicos después de que se difundiera la imagen de Carmen, una mujer de 85 años residente en Vallecas que ha perdido su casa después de avalar un préstamo de su hijo. La desgarradora imagen de la anciana llorando ha vuelto a remover las conciencias de muchos ciudadanos indignados con lo que consideran una injusticia.
Una injusticia y un drama que en algunas ocasiones tiene un desenlace fatal: el suicidio del afectado.
Pero más allá de los casos más mediáticos, los desahucios constituyen una realidad silenciosa. Un goteo constante que no ha logrado detener la presión popular ni ninguna propuesta legislativa. Una realidad que ha dejado sin vivienda en Valladolid a más de 2.800 personas desde el año 2008, según el informe Efecto de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según este informe, desde 2008 y hasta el primer semestre de este año, han sido 2.848 desahucios los que se han llegado a practicar. Hasta 2013 el CGPJ reflejaba los desahucios que practicaban los servicios comunes, un órgano asociado a algunos partidos judiciales, aunque no todos lo tienen. Desde el año pasado la estadística diferencia entre los practicados por los servicios comunes y por los juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción.
Además, la renovada estadística del CGPJpermite saber el volumen de desahucios que se deriva de ejecuciones hipotecarias y cuánto son consecuencias del impago del alquiler. En Valladolid, de cada tres casos, uno corresponde a la primera opción y dos a la segunda. Concretamente, de los 328 desahucios que se han realizado en el primer semestre, 107 fueron por una ejecución hipotecaria y 208 por el incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Una proporción que van en consonancia con la del año pasado. De los 672 lanzamientos que se praticaron, 194 corresponden al primer caso y 447 al segundo.
Lo cierto es que en los primeros años de la crisis el número de desahucios comenzó a dispararse hasta llegar a su punto álgido en 2012. Los datos más recientes, los correspondientes al primer semestre de este año, dicen que se ha producido un pequeño descenso respecto al mismo periodo de 2013. De 374 se ha pasado a 328, un 12,3 por ciento menos.
Cabe destacar que no todas las ejecuciones hipotecarias que llegan a los juzgados acaban en desahucios. Sin ir más lejos, el año pasado se registraron en Valladolid 824 ejecuciones hipotecarias que derivaron en 704 lanzamientos recibidos en los juzgados. De esos 704 llegaron a convertirse en un desahucio 672.
Hay algunos que se paralizan porque los afectados llegan a un acuerdo con el banco o por la presión social que ejercen algunos colectivos. Uno de los más activos es Stop Desahucios, que en los últimos años ha prestado una labor de asesoramiento a los afectados y su servicio jurídico ha negociado por ellos con las entidades financieras. Además, ha llevado a cabo acciones de presión que han conseguido paralizar en unos casos y aplazar en otros estos desahucios.
Javier Villar es uno de los miembros de este colectivo y asegura que no tiene la sensación de que los lanzamientos haya descendido este año. Por otro lado, critica la Ley de protección a los deudores aprobada en mayo del año pasado por el Gobierno por entender que se queda corta. «Hicieron una chapuza porque solo da cobertura a las personas que están en riesgo de exclusión», aclara. Villar critica, por ejemplo, que las personas cuya cuota hipotecaria no esté por encima del 50 por ciento de sus ingresos mensuales se quedan fuera del colectivo protegido. «Es decir, que una persona que tenga una hipoteca de 400 euros y cobre 900 al mes, no entra dentro de esta ley», aclara. Además, critica que también excluya a los afectados que tengan cualquier propiedad a su nombre. «Ya sea un coche o cobrar la octava parte de un pequeña herencia». Según él, «el 99 por ciento de las hipotecas tienen cláusulas abusivas».
Una petición de ayuda cada día
La frialdad de las estadísticas no puede esconder que detrás de cada número, de cada tanto por ciento, hay miles de familias en una situación extrema. Desesperadas. A punto de ver se patitas en la calle. De eso saben mucho en la plataforma Stop Desahucios, un colectivo que se formó hace algunos años para intentar ayudar a las familias que estuvieran a punto de perder su casa. Villar asegura que cada semana atienden a entre seis y ocho personas. Y atender no significa plantarse delante de la puerta de una vivienda para intentar evitar que la Policía saque al propietario. «También hacemos una labor de asesoramiento», recuerda, además de negociar con las entidades financieras una posible salida a cada caso.
Para ello cuentan con tres abogados que atienden todos los lunes por orden de prioridad. Según Villar, el año pasado dieron servicio a más de 300 personas y lograron aplazar algunos desahucios, paralizar otros, además de alquileres sociales y la condonación de la deuda a personas que ya habían perdido su casa.
Y eso que no es fácil porque «los bancos siguen siendo reacios, porque tienen la ley de su lado y la intentan exprimir al máximo».
Stop Desahucios volverá a salir hoy a la calle con un pasacalles reivindicativo en el barrio de Las Delicias, con parada incluida en cada entidad financiera.