El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid rechazó ayer una propuesta de los socialistas en la que planteaban la creación de una empresa pública municipal y rescatar de esta manera la gestión privada de los contratos de servicios sociales. La concejala de Bienestar Social,Rosa Hernández del Campo, defendió ayer la gestión de su área, la gestión de los servicios sociales municipales y rechazó la moción categóricamente: «Pretenden que podamos contravenir la normativa y los órganos creados. Yesta no es nuestra propuesta porque nosotros estamos en contacto con la realidad de Valladolid a través de los consejos sectoriales».
Hernández del Campo defendió ayer su negativa a la creación de esta empresa defendiendo que, «pese a que existe gestión directa y gestión indirecta de los servicios sociales en la ciudad, la Ley de Racionalización de la Administración Local explica que no puede crearse una empresa que suponga un incremento presupuestario». Es más, la concejala criticó duramente la propuesta de los socialistas reclamándoles que fundamenten bien sus documentos dado que, a su juicio, «la moción presenta un error de bulto considerable: se refiere a un índice del IVA del 21 por ciento y realmente el IVA que se aplica en estos pagos es el superreducido». «Con errores tan garrafales como éste como vienen a pedirme que cree una empresa y vienen a hablarme de gestión cuando no saben cómo les cuadran los números», manifestó Rosa Hernández a este periódico.
El presidente del Grupo Municipal Socialista, por su parte, insistía en que los servicios sociales «no solo consisten en asistir y cubrir necesidades, sino en prevenir situaciones de exclusión a través de la coordinación de todas las áreas en las que el Ayuntamiento tiene competencias», además de «rescatar la gestión privada de los contratos de servicios sociales, que se encargarán a una empresa pública municipal y reclamar a la Junta aquellas que el Ayuntamiento pueda gestionar con mayor agilidad, como la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía, con su presupuesto».
El concejal de IU, Alberto Bustos, por su parte, pidió que el equipo de Gobierno incluya cláusulas sociales en sus contrataciones dirigidas a personas desempleadas, pymes o cooperativas.