La ‘macroestafa’ de los ataúdes de Grupo El Salvador podría no haber terminado en 2015, sino que hay serias sospechas de que pudiera haberse extendido hasta este 2019, hasta el mismo día en que la Policía Nacional ejecutó la Operación Ignis y destapó este millonario fraude. Así lo creen los investigadores que llevan este caso, que aún deben analizar la ingente documentación intervenida en los siete registros de hace una semana para tratar de aclarar si todo se circunscribe al periodo 1995-2015, con esos seis mil casos ya documentados ante el Juzgado de Instrucción número 6, o si la presunta ‘macroestafa’ pudo prolongarse en el tiempo hasta el pasado 30 de enero, el día antes de que ochenta policías arrestasen a quince personas vinculadas a esta empresa, entre ellos los dueños (padre e hijo) de la mayor compañía de pompas fúnebres de Valladolid.
Las fuentes consultadas por El Día de Valladolid advierten de que las pesquisas van a ser muy largas, porque habrá que cruzar facturas, órdenes de compra, pedidos... «para buscar descuadres entre el número de incineraciones efectuadas, el de ataúdes vendidos y los féretros que fue adquiriendo la funeraria» entre 2015 y 2019.
anotaciones detalladas. De esos cuatro años no hay nada más que el rastro que hayan podido ir dejando los dueños. Del periodo anterior (1995-2015) sí existe, en cambio, un registro casi perfecto de todo lo que se hizo cuando se cerraba la cortinilla del crematorio y las familias dejaban de ver la caja con su familiar. Anotaciones muy detalladas que la Policía encontró durante un registro en casa de uno de los detenidos, el exempleado al que el propietario de Grupo El Salvador denunció por extorsión en 2015, cuando éste se jubiló.
En efecto, fue condenado a un año de cárcel por una extorsión que puso a la Policía en la pista de lo que podía estar sucediendo en los tanatorios de El Salvador. No es que el exempleado llevase su archivo al juez, pero su testimonio facilitó en 2017 una orden de registro que no pudo dar mejores resultados para lo que acabaría siendo la exitosa Operación Ignis.
En el sumario del caso consta el exhaustivo archivo documental que este hombre fue recopilando a lo largo de sus 20 años de trabajo en la funeraria. «Anotaba todo. La fecha y hora de la incineración, el nombre del difunto, las personas que participaban en la cremación, si se le metía en un tipo de féretro o en otro...», detallan estas fuentes. Además, a partir de 2010 -con la generalización del uso de teléfonos móviles tipo smartphone- esta persona fue añadiendo fotografías y vídeos a un archivo convertido en elemento clave del operativo.
Gracias a ese exhaustivo registro se ha podido determinar por los investigadores que pudieron ser seis mil los cambiazos de ataúdes perpetrados durante los veinte años recogidos en ese archivo.
en el 90% de las cremaciones. Los documentos certifican que, en efecto, no se dio el cambiazo en todas las cremaciones practicadas por El Salvador en esos veinte años, pero sí que fue una práctica que se llevó a cabo en una gran mayoría de los casos. Los primeros cálculos hechos en la investigación apuntan a que pudo hacerse en el 90% de las incineraciones.
«Solo los quemaban cuando el ataúd estaba deteriorado. El que tenía un rozón que ya no se iba a poder revender o si tenía alguna mancha del cadáver», explican las mismas fuentes, que detallan que «cada ataúd era utilizado y, por lo tanto, revendido, entre tres y cuatro veces». El proceso que seguían ha quedado certificado por las fotos y hasta por los vídeos almacenados por este exempleado: «Cuando se cerraba la cortinilla y la cinta iba transportando el féretro, aunque los familiares interpretasen que el ruido de los ventiladores era que ya había entrado en el horno, lo cierto es que hay una zona en la que bajaban el féretro con una de esas camillas automáticas y hacían el cambio. Metían una caja de las baratas o una parte de una de ellas y listo», según desvelan las mismas fuentes a este periódico.
más de seis millones de euros. La ‘macroestafa’ está por calcular, ya que todo depende del precio de unos féretros que, en algún caso, valían hasta 10.000 euros. «Lo más normal es que sean ataúdes de unos mil euros, lo que la cuantía va a estar, seguro, por encima de los seis millones de euros», avanzan. Un engaño del que no se salvaron ni otras funerarias de la zona, esas que (años atrás) carecían de un horno crematorio y subcontrataban esas incineraciones a El Salvador.