La Audiencia Nacional abrió ayer una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido el jueves pasado en la línea de AVE a Barcelona, el corte de la fibra óptica que obligó a interrumpir la circulación de trenes casi tres horas y que afectó a 40 trayectos y a 13.000 pasajeros. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó la apertura de esas pesquisas judiciales ante lo que «podría ser un sabotaje» a la línea de Alta Velocidad, un asalto que calificó «de gravedad máxima».

En concreto, fue el titular del juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, de guardia esta semana, el encargado de abrir las diligencias tras recibir una notificación de lo sucedido por parte de la Policía Nacional que pone de manifiesto que podría encuadrarse dentro de un delito de estragos terroristas. Y es que estos hechos solo pueden ser investigados por la Audiencia Nacional si son constitutivos de un delito de terrorismo. En caso contrario, serían investigados por un juzgado ordinario.

El Gobierno, según explicó Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros, quiere que la investigación llegue «hasta el final», por lo que va a mostrar el «máximo respeto y colaboración con la Justicia». Eso mismo reclamó a las demás administraciones públicas para, entre todos, ser capaces de «determinar la responsabilidad de un hecho de esta naturaleza».

En este mismo sentido se pronunció el ministro de Justicia. Rafael Catalá espera que «cuanto antes» se sepa qué ha sucedido y se identifique y castigue a los autores de lo que, a su juicio, fue un «acto intencionado» de corte de la fibra óptica. A este respecto, recordó que la reciente reforma del Código Penal ha aumentado las penas para estos delitos que generan un gran daño a la ciudadanía, ya que, afirmó, «se estaba produciendo con mucha frecuencia el robo de cable en las instalaciones públicas del transporte».

Catalá detalló que el presunto sabotaje consistió en «cuatro cortes en la fibra óptica» de la línea. En concreto, se seccionó en dos puntos el transmisor principal y en otros dos el secundario, que funcionaría si falla el primero.

Más implicación regional. A juicio del ministro de Justicia, la responsabilidad de lo ocurrido no es de Adif ni de Renfe, ya que el AVE es una de las llamadas infraestructuras críticas del país y la obligación de garantizar su seguridad y vigilancia recae sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso concreto del corte del AVE en Barcelona, Catalá, cree que es a los Mossos d’Esquadra a quien corresponde la vigilancia y protección de la vía. En ese sentido, manifestó que desconoce «cuáles son las actividades concretas o las actuaciones» que lleva a cabo la policía autonómica «en ese tramo de la vía férrea. La vicepresidenta no quiso entrar en ninguna polémica con la Generalitat. Así, al ser preguntada por la responsabilidad de los Mossos d’Esquadra en la vigilancia del trazado ferroviario, se limitó a decir que «a todos nos corresponde luchar contra el delito y todos estamos interesados en evitar este tipo de actos». Eso sí, matizó «sobre todo» en Cataluña ha habido «muchos robos de cable de cobre».