Castilla y León dispone de un modelo de atención integral para prevenir la desprotección de los menores y proteger a la infancia ante situaciones de desamparo, que trabaja de forma paralela con los niños y con sus propias familias. Ese modelo permitió a lo largo del pasado año atender a más de 3.340 menores de Valladolid para prevenir situaciones de riesgo de desamparo y proteger a los pequeños en casos de desprotección. Así, más de 2.300 menores de Valladolid han participado el pasado año en programas de prevención y 1.014 han sido protegidos por el sistema con alguna medida o actuación.
Los datos demuestran que ha disminuido el número de menores que han tenido que ser protegidos por la Administración autonómica entre 2007 y el año pasado, y por tanto separados de sus familias. En concreto, ha descendido un 12% el número de menores protegidos de Valladolid por la Administración Autonómica desde 2007 hasta 2013.
En 2011 se produjo el pico más alto, con 254 menores protegidos en Valladolid por la Junta, y a partir de ese año se experimentaron descensos continuados.
Lo que sí se ha producido es un aumento de los casos más graves, en los que la Junta de Castilla y León se ha visto obligada a ejercer la tutela de los menores. Ese aumento comenzó en 2008. Si en 2007 los menores tutelados de Valladolid eran 136, el año pasado esta cifra alcanzó los 165, lo que representa un incremento de los menores tutelados del 21,3%.
Esto significa que se han dado menos situaciones de desprotección de menores en Valladolid durante la crisis gracias a la Red de Protección, la prevención y la labor de los equipos de intervención familiar, pero que, agotadas todas esas vías, cuando se producen estos casos son más graves y obliga a la Administración autonómica a ejercer la tutela de esos menores. De hecho, en 2013 el porcentaje de menores tutelados sobre el total de menores protegidos por la Junta se situó en el 76 por ciento, cuando en 2007 era casi del 55%.
La Red de Protección a las familias, los programas de prevención y la labor de los equipos especializados de Intervención Familiar sirven precisamente para contener que las situaciones de riesgo de las familias desfavorecidas con hijos se tornen más graves. Y es que ayudar a las familias a través, por ejemplo, del servicio de desahucios, con la red de reparto de alimentos, con la concesión de la Renta Garantizada o con ayudas de emergencia, contribuyen a aliviar la situación de las familias y, por consiguiente, a reducir las posibles situaciones de riesgo de sus hijos.
De hecho, la intervención del Ejecutivo regional con niños y familias ha evitado que se incremente en 2013 el número de menores que tienen que ser protegidos por la Administración autonómica (217 en total), y por tanto, separados de sus padres (El resto hasta llegar a los 1.014 menores protegidos han tenido alguna medida o actuación llevada a cabo por las corporaciones locales y han permanecido en sus domicilios).
Al sistema de protección de la Junta llegan los casos de desprotección más severos y, por tanto, los que necesitan ser tutelados (165) representan el 76 por ciento de los menores protegidos por el Gobierno autonómico.
Cuando los menores se ven obligados a separarse de sus padres, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades trabaja para que el mayor número posible de ellos pueda vivir y desarrollarse en un ambiente familiar. En 2013 se produjeron 150 acogimientos familiares.
En 2013 se presentaron 76 solicitudes para adopción, de los cuales en 62 casos se trataba de un acogimiento nacional, en 14 era internacional, y se produjeron 52 adopciones: 14 de menores de Castilla y León y 34 internacionales.