La Plataforma Social de Valladolid ha pedido a la Junta de Castilla y León la retirada de los dos decretos aprobados el 4 de febrero que regulan tanto la autorización y funcionamiento de los centros de atención a mayores, como la acreditación de las unidades de convivencia para este colectivo.

Uno de los portavoces de la Plataforma, Jorge Félix Alonso, ha criticado las "contradicciones" que presentan estos decretos y ha lamentado el "recorte de derechos" que, a su juicio, suponen, puesto que "eliminan la obligación" de contar en los centros, en función del número de residentes, con terapeutas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, enfermeros y médicos.

Asimismo, ha lamentado que se eliminen los requisitos arquitectónicos para este tipo de centros, ya que, a su juicio, muchos residentes "permanecen en cama y necesitan ser desplazados".

Para Alonso, ambas decisiones supondrán "más carga de trabajo para los trabajadores de Sacyl" y "desatención", así como una "merma en la calidad" en la atención, según ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press.

En cuanto a las unidades de convivencia, Jorge Félix Alonso ha negado que esté en contra de ellas, pero ha pedido que no se equipare para todos los residentes, ya sean válidos o dependientes, puesto que "no tienen las mismas necesidades".

Además, ha recordado que sólo cinco de las 18 residencias de titularidad autonómica en Castilla y León cuentan con estas unidades de convivencia, por lo que ha reclamado que "no sean obligatorias" para que los centros privados accedan a los contratos con la Junta.

Por todo esto, la Plataforma Social va a presentar a los distintos grupos políticos en las Cortes una serie de demandas para que las defiendan ante la Junta en el Parlamento regional, tales como que la Junta retiré ambos decretos y que elaboré unos nuevos que garanticen la calidad en la atención a las personas mayores que acuden a un centro residencial o de día.

Asimismo, que se elabore un estudio de las características de las personas que se encuentran alojadas en los Centros Residenciales y las personas que acuden a los Centros de Día. El estudio no sólo se realizará sobre las características físicas, psíquicas, económicas, sociales de las personas, sino que también deberá incluir la opinión de personas que utilizan estos centros y de sus familiares, según ha explicado Carmen Alonso, otra de las portavoces.

Por otro lado, han pedido que los Decretos incorporen los profesionales técnicos que deben tener las residencias y los centros de Día de Personas Mayores para garantizar la atención que necesitan, así como que se mantenga el personal sanitario en las mismas.

También se reclaman una regulación de la atención que debe prestarse en función de los grados de dependencia y del estado físico y psíquico de las personas y que se incluyan en el decreto las exigencias arquitectónicas y de accesibilidad, como estaban incluidas en el anterior, vigente desde 2001.

Que se regule la atención que se debe prestar a las personas mayores en las residencias y centros de día para garantizar la calidad de la misma para todos los centros y que se regule las unidades de convivencia, como lo que son, un programa que se presta sólo a una parte de las personas mayores.

En este sentido, han reclamado que se desarrolle un plan, con financiación, dirigido a garantizar que todas la residencias se ajustan a las condiciones de calidad que se establezcan, para asegurar la adecuada atención a las personas mayores y evitar que desaparezcan plazas residenciales y de centro de día.

En el documento se incluye una petición para que se desarrolle una campaña de inspección de centros para conocer cual la situación real de todos las residencias y centros de día de la Comunidad, que se adapten las plazas de las residencias que dependen de Junta y diputaciones, que se ocupen las que están sin ocupar, que se articule un procedimiento que permita conocer con total transparencia el acceso a las plazas  residenciales públicas, que se haga público el número de plazas de estancias temporales y los centros donde se encuentran, así como el procedimiento para su acceso a las mismas, y que se haga público el número de plazas de convalecencia y los centros donde se ubican.