La Fiscalía de Valladolid ha decidido presentar recurso por la absolución de León de la Riva y los exconcejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, por el caso Comfort Letter. Así lo han comunicado esta mañana fuentes del Ministerio Público, días después de que el Ayuntamiento de Valladolid (que ejercía la acusación particular en el proceso) anunciase que renunciaba a explorar esa vía.
La sentencia de la Audiencia de Valladolid se conoció el pasado 30 de julio. Javier León de la Riva se enfrentaba, de acuerdo con la petición de penas de la Fiscalía, a nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por las tres cartas de conformidad suscritas en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval y la última de ellas que comprometía al Ayuntamiento a aportar 100 millones de euros, el 25% del crédito de 400 que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento. Al exregidor, a quien, junto con la pena de cárcel y su inhabilitación, la acusación pública interesaba una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Códido Penal, se le imputaban tres delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental, mientras que a sus excompañeros de bancada, el ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y al exedil de Movilidad, Manuel Sánchez, la Fiscalía de Valladolid pedía para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación, en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión. Por su parte, el Ayuntamiento, personado como acusación particular, solicitaba para León de la Riva una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa, así como siete de inhabilitación para Blanco y Sánchez por delito de prevaricación pasiva o por omisión.
Desconocimiento. En su declaración en el juicio, que se celebró a primeros de julio en la Audiencia provincial, el exalcalde 'popular' mantuvo que no consultó a nadie al respecto de su actuación porque desconocía su "transcendencia" económica y creía que eran "una recomendación de cortesía" de carácter "no oficial".