A falta de nueve semanas para la consulta independentista del 9-N, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, volvió ayer a ejercer de portavoz del Gobierno y aseguró que éste utilizará todas las herramientas legales a su alcance para que no se celebre la consulta. «Toda la ley, solo la ley, pero toda la ley», argumentó. Al ser preguntado si eso incluye la suspensión de la autonomía catalana, contestó: «Incluido lo que haya que incluir para que ese referéndum no se celebre».
«El Ejecutivo lo único que puede hacer es utilizar todos los medios a su alcance, toda la ley, solo la ley pero toda la ley, para evitar un referéndum de secesión contrario al ordenamiento jurídico español, rechazable por la comunidad internacional y que produciría efectos pésimos para Cataluña, España y la UE», recalcó.
Para el madrileño, existen unas líneas que no se pueden franquear. Por un lado, la unidad de España, «que no es propiedad de este Gobierno ni del Parlamento», sino que viene fijada en la Constitución; por otro, el principio de legalidad. Así, subrayó que quienes dirigen las instituciones, incluido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, juraron respetar las leyes y hacerlas respetar. «Para eso nos han votado los españoles, para que les demos un marco de seguridad», añadió. En este contexto, el ministro de Exteriores subrayó que el Gabinete usará «todos los medios» legales a su alcance.
Estas afirmaciones causaron gran revuelo en el resto de partidos -algo que sorprendió al propio titular de Exteriores- y, sobre todo, en la Generalitat, donde su máximo representante, Artur Mas, se envalentó y, con tono mesiánico, afirmó que el PP no debe pensar que, «con esto, se frene el curso de la Historia».
«todo listo». Conviene recordar, no obstante, que de modo indirecto se lleva hablando de la posibilidad de intervenir en el Gobierno autonómico desde hace muchos meses, y especialmente en las últimas semanas. De hecho, el pasado lunes, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, apeló al artículo 155 de la Constitución Española, que es al que se acoge el ministro. Además, el pasado día 8, el mismísimo Rajoy aseguró que lo tiene «todo listo» para evitar la consulta. Tres días después, en un tono chulesco y con el ruido de la Diada de fondo, Mas cambió el sentido de la frase para recalcar que nada ni nadie se iba a entrometer en su cruzada, y que él sí que estaba preparado para sacar las urnas a la calle.
Quizás sí que le hicieron pensar las palabras, 24 horas después, del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que afirmó que «no le iba a temblar la mano» a la hora de aplicar el Código Penal en el caso de que el frente secesionista siguiera con su actitud.
Horas después, la asociación de jueces Francisco de Vitoria (FV) consideró que el líder de CiU podría cometer los delitos de prevaricación, desobediencia e, incluso, sedición si realiza una consulta ilegal el 9 de noviembre. La afrenta podría suponer penas a partir de los 15 años de cárcel. No obstante, esta posibilidad parece totalmente descartada y nadie del Gobierno ha llegado a pronunciarse sobre esta medida.
Lo que resulta evidente es que la hipotética suspensión de la autonomía catalana sería una decisión «estrictamente política», como recalcó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que rechazó especular, al tiempo que pidió a los políticos que no «interfieran» en las decisiones judiciales ni fiscales. Además, aseguró que actuará «en consecuencia» si se infringe la norma porque, «sin el armazón de la legalidad, esto sería la jungla». «No deja de ser una opinión, ni siquiera un estado de decisión del Gobierno, y líbreme Dios de intervenir en terrenos que son de pura disposición de éste», apostilló.
Ahora solo queda por ver si este nuevo tensamiento de la cuerda por parte del Ejecutivo central, a pesar del rechazo de casi toda la oposición, da sus frutos. Aunque Artur Mas habló el pasado lunes en el Debate sobre política en el Parlament de dos trenes que se alejan pero que no colisionan, la realidad será bien distinta si no se aparte de la vía. Por de pronto, ERC ya le ha tendido la mano para que, de forma suicida, se estrelle contra el Estado de Derecho.