benjamín lópez (spc) / madrid
Rajoy adelantó el pasado martes las medidas socioeconómicas del Gobierno en el Debate sobre el estado de la Nación, y ayer el Consejo de Ministros aprobó una buena parte de las mismas. La estrella en la «agenda social», como la definió la vicepresidenta, es la Ley de Segunda Oportunidad y otras que incluyen la suspensión de desahucios hasta 2017 para familias y colectivos especialmente vulnerables.
La medida no es nueva pero sí se extiende en el tiempo, ya que vencía en mayo, y en el abanico de familias beneficiadas, a las que se aplicará el Código de Buenas Prácticas bancarias. Así, no se desalojará a titulares mayores de 60 años y a familias cuyos ingresos estén por debajo de los 22.365 euros (antes era 19.170). Sobre ellos quedará sin efecto las cláusulas suelo.
Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, se dobla prácticamente el número de unidades familiares que podrían beneficiarse. A su juicio, el objetivo de esta ley es «conciliar intereses de acreedores y deudores mediante unos procedimientos con garantías que permitirán afrontar el pago de los débitos de forma ordenada». Para ello se flexibiliza la figura del mediador, que deberá impulsar la negociación y facilitar la reestructuración de las deudas entre las partes. Será designado por un notario o registrador y, en el caso de las empresas, podrán encargarse de la mediación las Cámaras Oficiales de Comercio.
Para Sáenz de Santamaría, se reconoce «por primera vez» un sistema para que las familias puedan superar cuanto antes su endeudamiento y «volver a empezar». «Esta norma amplía y flexibiliza los acuerdos extrajudiciales de pagos con el objetivo de mejorar su eficacia y facilitar la reestructuración de deudas de forma ágil y sencilla».
dación en pago. Así, se acepta la dación en pago, ya que permitirá a autónomos y familias liberarse de las deudas impagadas tras ejecutar los bienes dados en garantía, como la vivienda habitual.
El Gobierno también aprobó la modificación de la Ley de tasas judiciales, eliminándose para las personas físicas. El objetivo, según el ministro Rafael Catalá, es que «ningún ciudadano no acuda a la Justicia por motivos económicos».
Dentro de la agenda social del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó también la anunciada rebaja de cotizaciones para impulsar la contratación indefinida. Así, los primeros 500 euros de salario de los nuevos contratos indefinidos estarán exentos de cotización. La medida tiene carácter progresivo y va a beneficiar especialmente a los colectivos más vulnerables, de tal manera que «para un sueldo de 1.000 euros va a suponer un descenso de cotización del 50 por ciento, mientras que para los sueldos máximos, del 14», ejemplificó la vallisoletana. A cambio, el contrato deberá ser indefinido y la empresa aumentará la plantilla y la mantendrá, al menos, tres años.
Esta bonificación sustituirá a la actual tarifa plana de 100 euros, que concluye el próximo 31 de marzo, y que ha beneficiado a más de 200.000 personas. Además, la medida será compatible con la tarifa joven de 300 euros para la contratación indefinida de los jóvenes menores de 25 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. También se podrá compatibilizar con el Programa Especial de Activación para el Empleo firmado recientemente con los principales sindicatos.
Otra de las propuestas aprobadas ayer es la ayuda a los autónomos que necesiten reducir jornada por cuidado de hijos menores de siete años o de familiares en situación de dependencia . Se trata de una bonificación del cien por cien de las cuotas sociales durante un año, y supondrá un ahorro de 3.000 euros anuales para los beneficiarios. La aplicación de esta ventaja fiscal está condicionada a la contratación de un trabajador, a tiempo completo o parcial durante 12 meses. Si el empleo es a tiempo parcial, la bonificación será del 50 por ciento.