El órdago lo acaba de echar el Parlamento Vasco. Sin cartas, eso sí, y con el apoyo del PSOE a los nacionalistas. Emprende, de esta forma, el camino para pedir en el Congreso de los Diputados que establezcan por ley la integración del enclave burgalés de Treviño en Álava. Lo hace a través de una iniciativa legislativa que ha contado con el visto bueno de todos los partidos salvo PP y UPyD, que se abstuvieron. Se trata de la primera vez que se opta por este camino, tras la negativa de Castilla y León y Burgos a ceder el territorio.
Los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón dependen administrativamente de Burgos. Los alcaldes de ambos municipios pidieron en junio a la Cámara vasca que reclamara al Congreso de los Diputados la anexión de este enclave a Álava. La Junta y la Diputación de Burgos, ambas gobernadas por el PP, se oponen a esta medida defendida por los alcaldes de Treviño, de formaciones independientes, y por partidos vascos como el PNV, EH Bildu y el PSE. La toma en consideración de esta iniciativa legislativa ante las Cortes Generales es el primer paso para la tramitación de la propuesta en la Cámara vasca, que la remitirá al Congreso de los Diputados una vez que el texto haya recibido el visto bueno definitivo del Parlamento autonómico.
El parlamentario del PNV Xabier Agirre señaló que el contencioso de Treviño «ya dura demasiado tiempo» y destacó que dar respuesta a la demanda de los habitantes del enclave «no debe ser una reivindicación particular» de un determinado partido. Desde EH Bildu, Belén Arrondo denunció «el bloqueo y la imposición» del Gobierno central y de la Junta y aseguró que «Treviño es la octava cuadrilla de Álava de hecho, pero sin derecho». Por parte del PSOE, Txarli Prieto confió en que la vía emprendida permita superar la situación de «empate» de «un problema de raíces políticas y sociales». Por último Carmelo Barrio, del PP, señaló que su partido «trabajará para que Treviño sea Álava», aunque rechazó que se trate de modificar el Estatuto de Autonomía de una región a través de una iniciativa impulsada desde otra comunidad autónoma
Escrito en castellano. La respuesta desde la Junta, clara y contundente. El consejero y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez señaló que si el Parlamento vasco se quiere «entretener», que lo haga, pero preguntó a su Gobierno qué pasaría si en esta Comunidad se promoviera la revisión de la normativa que permite el cupo a esa autonomía vecina. «Antes de votar nada ni de presentar nada deberían haberse leído el Estatuto de Castilla y León que deja muy claro cuál es la vía para proceder a una segregación de un enclave, y no es complicado, no necesita que se lo expliquen, está escrito en castellano, muy clarito, y es fácil de entender», ironizó.
Por su parte, el secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, defendió la «legalidad vigente» tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía y recordó el «carácter burgalés» del enclave.
Por último, el secretario regional del PSOE, Julio Villarrubia, defendió el consenso entre las fuerzas políticas e instituciones de la Comunidad para que se mantenga en Castilla y León, como recoge el Estatuto de Autonomía, aunque calificó de «inoportuno» que el debate salte al Congreso.