La reforma del Código Penal y con ella el endurecimiento de las penas para los autores de los robos en el campo era muy esperada por las organizaciones agrarias que llevan años sufriendo «esta lacra» del mundo rural. Además, los representantes de Asaja, la Alianza (UPA y Coag) y UCCL de Castilla y León manifestaron su satisfacción por los resultados del Plan Roca durante el pasado año que se conocieron el pasado jueves, aunque insistieron en que todavía quedan flecos pendientes como que se persiga más a las empresas que adquieren los materiales que se sustraen de las explotaciones agrícolas.
Para el presidente de Asaja en la Comunidad, Donaciano Dujo, la reforma repercutirá en los avances conseguidos en los últimos meses con la creación de los equipos Roca y la detención de un mayor número de personas. De momento, la legislación ha pasado el trámite del Congreso de los Diputados y está pendiente de su aprobación por el Senado, «aunque esperan que se haga efectiva de manera urgente», señaló Dujo.
Desde su organización agraria valoran el endurecimiento de las penas, «porque no se debe considerar falta un delito grave como el hurto», y añade que también se deben tener en cuenta los destrozos que producen, así como la reincidencia de los ladrones.
«Al final es que aquel que la hace, la pague», recalcó Donaciano Dujo, que insistió en que las fuerzas de seguridad deben continuar persiguiendo a las bandas organizadas que actúan en Castilla y León.
El representante de Asaja en la región incidió en que se deben aumentar las acciones para perseguir «tanto política como judicialmente» a las empresas que adquieren el material robado. Una medida «fundamental» también para los representantes de otras organizaciones como la Alianza y UCCL.
El responsable de la primera, Julio López, destacó que la reforma era necesaria, «aunque no viene a resolver el problema, porque lo que hay que hacer es prevenir los robos y vigilar el campo». Aunque reconoció que se ha notado un aumento de las detenciones con la creación de los equipos Roca de la Guardia Civil, López señaló que las más importante se han producido cuando se ha actuado sobre los puntos de recepción, chatarrerías o desguaces, entre ellos, «porque lo que se ha demostrado que hay gente que roba porque se está induciendo desde estas empresas, y cuando se actúa sobre las empresas se paran los robos».
«Estamos convencidos, porque se ha demostrado, que si no hubiera quien compra los objetos robados, no se robaría, porque esto no es para comer», añadió. Además apuntó que «lamentablemente» hay denuncias en Castilla y León «donde no se ha hecho nada», por lo que pidió más implicación de la Agencia Tributaria y de los juzgados para actuar contra estos compradores y controlar la procedencia de las mercancías, «al igual que se hizo en el caso de las piñas que estaban instigados o patrocinados por otras empresas». «Yo todavía no conozco ninguna empresa que haya sido condenada precisamente por comprar el material robado», puntualizó.
Unas críticas que también trasladó a este periódico el coordinador regional de UCCL, José Manuel González Palacín: «Además de endurecer las penas hay que dotar de medios para que se persiga a los posibles intermediarios, todos estos centros que pueden ser los compradores de material robado, y llevar un registro exhaustivo de todas las entradas y todas las salidas, así como la procedencia de ese material para poder hacer un rastreo».
Además consideraron que la nueva legislación debe hacer especial hincapié en la reincidencia, porque «da una sensación de impunidad tremenda, entran por una puerta y salen por otra». «La reincidencia se va a recoger en la reforma del Código Penal, pero hay que dar un paso más y conectar los juzgados», agregó.
A estos cambios añadió otras propuestas como que se valore también el coste de los daños que producen los robos en las explotaciones. «Un cable de cobre en el mercado puede suponer 300 ó 400 euros pero el daño al agricultor puede superar los 5.000 ó 6.000», puso como ejemplo.
Desde UCCL también pidieron que «no se criminalice a los agricultores por reutilizar su propia semilla, ya que es un reconocimiento histórico y reconocido en distintos ámbitos internacionales» y sí se persiga más a las empresas «que cometen un fraude».
Descenso de los delitos. Tanto desde Asaja como desde la Alianza reconocieron que desde la entrada en funcionamiento de los equipos Roca de la Guardia Civil se ha notado un descenso del número de robos en la Comunidad. «Deben seguir existiendo y vigilando al medio rural, porque quien de verdad puede impedir los robos es esta vigilancia y las actuaciones, aunque insistiendo sobre quien compra el material robado», señaló López.
Sin embargo, desde UCCL no comparten la opinión de las otras dos organizaciones, ya que consideran que los robos no están bajando, pero sí «el número de denuncias por la sensación de impunidad que tienen los agricultores, ya que no tienen ninguna esperanza de recuperar el material robado», comentó José Manuel González Palacín.