Desde su llegada a Moncloa, el PSOE ha aprobado una docena de traslados para presos de ETA y dos para miembros del GRAPO dentro de su nueva política de acercamientos «aislados» para aquellos internos por delitos de terrorismo que acepten la legislación penitenciaria. Una estrategia criticada por parte de la oposición y por las asociaciones de víctimas que consideran que el Gobierno está cediendo al chantaje del PNV y de EH Bildu, dos de los grupos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura con la que desalojó a Mariano Rajoy del poder. 

El primer traslado se comunicó por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que encabeza Ángel Luis Ortiz, el pasado 13 de septiembre, cuando se autorizó que Kepa Arronategi pasara de la cárcel de Almería a la de Zuera (Zaragoza). Este etarra fue condenado a más de 158 años por, entre otros delitos, participar en el intento de asesinato del Rey Juan Carlos en el Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997, en el que fue asesinado un ertzaina. Ese mismo día también se dio luz verde al acercamiento de Marta Igarriz, que cumple una pena de 15 años de prisión por colaborar con un comando de la banda. 

Poco antes de estos movimientos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con asociaciones de víctimas del terrorismo para explicarles que tan solo se beneficiarían de este cambio de política aquellos reos de ETA que no tengan delitos de sangre, que cuenten con la mayor parte de la condena ya cumplida y que acepten la legislación penitenciaria. Eso sí, abrió la puerta a «excepciones», como parecer haber ocurrido en el caso de Arronategui.

El que fuera azote de la banda armada desde su puesto de juez en la Audiencia Nacional recordó en el congreso que 203 de los 233 etarras en cárceles españolas cumplen condena actualmente en primer grado, el más cerrado y estricto que marca la ley. Además, diferenció entre acercamientos -algo que decide Instituciones Penitenciarias de acuerdo a los informes de las juntas de tratamientos- y beneficios penitenciarios, que sí abrirían la puerta a las excarcelaciones, que exige la izquierda abertzale tras la disolución de la organización criminal.