La Constitución de 1978 dio respuesta a los problemas de los españoles hace 40 años. ¿Da respuesta a la España actual?

No hay ningún país avanzado que no esté sufriendo, en estos últimos años, una cierta crisis democrática. Hay muchos factores: las cicatrices sociales de una larga crisis económica, la irrupción de formas de comunicación social más inmediatas y ágiles… En ese sentido, España no es una excepción.

A los españoles nos cuesta más que a otros aceptar y reconocer nuestros logros. Y la Constitución del 78 es, con seguridad, el mayor logro político de nuestra Historia. Nos devolvió la libertad y la democracia. Nos abrió las puertas a Europa, permitiéndonos ocupar el lugar que nos correspondía en el concierto de las naciones. Y nos ha proporcionado 40 años de desarrollo político, económico y social. 

Hay muchos motivos para estar agradecidos a nuestra Carta Magna. Y todos tendríamos que conocerla y valorarla más. En Castilla y León estamos haciendo un gran esfuerzo, desde el sistema educativo, para que niños y jóvenes conozcan y respeten los valores de la Constitución: libertad, igualdad, justicia, pluralismo político. No creo que haya respuestas mejores para la España actual.

El artículo 1 de la Constitución proclama la Monarquía Parlamentaria como forma del Estado. Ahora que en algunos ámbitos se la pone en cuestión y se aboga por una República, ¿qué cree que aporta la Monarquía a la España del siglo XXI?

La Monarquía Parlamentaria es la forma de Estado de algunas de las naciones más avanzadas. Y es también un elemento central de nuestra Carta Magna que, recordémoslo, fue votada por el 88% de los españoles.

Siempre he considerado a la Corona como un factor esencial de equilibrio, moderación e integración. Un símbolo especialmente representativo de la unidad constitucional de España. Y una gran fortaleza, tanto para la cohesión interna como para la proyección exterior.

Castilla y León ha tenido la fortuna de contar en numerosas ocasiones con la presencia de Sus Majestades los Reyes, que siempre la han acompañado en sus principales avances y han recibido el cariño y afecto de los castellanos y leoneses. Muchos de quienes hoy cuestionan la institución monárquica no sólo prescinden de estos sentimientos, sino que plantean sus ataques dentro de una hoja de ruta que pone en la picota a todos los poderes del Estado. Están empeñados en desprestigiar la Transición y en debilitar los pilares de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Pero el modelo político que plantean es infinitamente peor.

El artículo 2 consagra la unidad de España y el derecho a la autonomía  y nacionalidades. Hay quien opina que en este equilibrio, se ha llegado demasiado lejos. ¿La cuestión catalana evidencia un cierto fracaso del Estado Autonómico en su capacidad de integrar la diversidad? ¿Puede generar la sensación de que existen 17 micro-estados que no garantiza la igualdad de los españoles?

El desafío independentista en Cataluña va más allá del mero cuestionamiento del modelo autonómico. Estamos ante poderes públicos que han desbordado todos los límites de la Constitución, considerándose exentos de estar sometidos al imperio de la Ley. Con ello han roto la convivencia entre ciudadanos libres e iguales. Han vulnerado la democracia, tratando de hurtar la soberanía que corresponde al pueblo. Han dañado la economía, provocando la huida de empresas y la desconfianza de inversores. Y han sometido a la UE y a las relaciones entre sus Estados miembro a tensiones indebidas.

Pero es que, además, han olvidado la auténtica razón de ser de las autonomías, que no es fomentar la diferencia, la separación o el privilegio, sino su utilidad y servicio a las personas. Atender a los ciudadanos y mejorar su bienestar a través de servicios públicos de calidad. Ese es el auténtico fin de la autonomía política, y quienes en España la han utilizado bien han demostrado que es una herramienta útil, que se atienden los problemas específicos de cada lugar con cercanía, conocimiento e interés que seguramente no habrían sido posibles en un modelo centralizado. No estamos, por tanto, ante un modelo fallido, sino ante un modelo que ha sido despreciado y mal utilizado por algunos. Son precisos mejores mecanismos de cooperación y más sólidos instrumentos de cohesión. Pero, sobre todo, una mayor lealtad institucional.

¿Qué piensa el presidente de la Junta cuando escucha planteamientos sobre la recentralización de competencias en educación o sanidad?

Castilla y León está considerada como la que mejor gestiona de España en educación y la atención a la dependencia, y la más avanzada entre las comunidades de régimen común en sanidad y servicios sociales. No sería muy lógico abogásemos por devolución de competencias. De no haberse producido una amplia descentralización territorial del poder político, ¿contaríamos en Castilla y León con una red de 3.500 centros sanitarios o 1.400 centros educativos, la mayoría en el medio rural?

Algunos proponen acabar con las autonomías como quien dice, «muerto el perro, se acabó la rabia». Pero es que el perro tiene muchas cosas buenas. Acabemos, mejor, con la rabia. Pongamos coto a los excesos. Resolvamos las disfunciones. Reforcemos los mecanismos de colaboración y los instrumentos de cohesión. Abordemos con herramientas adecuadas problemas que sólo pueden resolverse a escala nacional. Pero no demos marcha atrás a la Historia y arruinemos un modelo que funciona bien en el día a día.

En los últimos años se viene hablando de los beneficios de una posible reforma. ¿Lo cree necesario?

El mayor déficit constitucional en España no deriva de ninguno de sus artículos, sino más bien de un debilitamiento del espíritu constitucional, que es otra cosa. Hay Estados constitucionales en el mundo que no tienen Constitución escrita (caso del Reino Unido). Pues bien, en España, corremos el riesgo de que suceda lo contrario: tener Constitución, pero sin constitucionalismo. ¿Y en qué consiste eso? En el diálogo, la tolerancia, la búsqueda de consensos, la convivencia pacífica. En que quienes piensan distinto puedan, a pesar de ello, sentarse a tratar de resolver los problemas y llegar a acuerdos. Ese es uno de los aspectos que en Castilla y León hemos tratado de cuidar, y que vemos con preocupación que, en el conjunto de España, no atraviesa sus mejores momentos. Recuperar ese espíritu, es mucho más urgente que reformar el texto constitucional.