Los agentes sociales también se suman a la propuesta para la rebaja de impuestos en Castilla y León, como demandan dirigentes del Partido Popular en la Comunidad al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tal y como avanzó ayer este periódico. Pero en este caso, cada uno plantea su propia receta. Donde todos coinciden es en la oportunidad de suprimir el ‘centimazo’, formalmente denominado tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, que grava con 4,8 céntimos cada litro de gasolina.

  

El céntimo sanitario, que tuvo que cambiar de nombre para no vulnerar la legislación comunitaria, es el único impuesto de nueva creación que implantó la Junta para tratar de compensar la caída de ingresos fruto de la crisis. En 2012 sirvió para conseguir liquidez en las cuentas regionales pero el descenso del consumo de carburantes ha provocado también descenso de la recaudación y en las liquidaciones el resultado es negativo para Castilla y León. Consideran que es un lastre y ya no cumple el propósito.

 

A partir de ahí, las propuestas sindicales y del PSOEdistan de las de la patronal. Dentro de las propuestas de izquierdas, el planteamiento pasa por aumentar la recaudación en Castilla y León para revertir los recortes en servicios sociales aplicados en los últimos años. Para ello apuestan incrementar los tipos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los que más ganen,  lo que permitiría a su vez rebajarlos en las rentas más bajas. De lo que huyen es de una rebaja general, como las planteadas en Castilla-La Mancha y Extremadura. 

 

Entre las medidas fiscales que ponen sobre la mesa también incluyen la recuperación del impuesto sobre el Patrimonio o crear nuevos tributos como uno a las grandes superficies o a los depósitos bancarios (bloqueado por el Gobierno), así como la supresión de las bonificaciones de la tasa de juego. «Con estas medidas se podrían recaudar 400 millones de euros más para destinar a servicios públicos y reducir la presión a las rentas más bajas», resumió el portavoz socialista de Economía, Julio López.

 

La patronal, sin embargo, «aplaudiría la decisión de bajar la presión fiscal y, sobre todo, la que afecta a la actividad empresarial», tal y como destacó el presidente de Cecale, Santiago Aparicio.