El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, aseguró ayer que su decisión sobre las licencias comerciales de Inter Ikea, del centro comercial Viapark y del proyecto de Geinsol «la conoce todo el mundo» y que se ajustará a un «criterio de legalidad». De este modo, señaló que expresará su decisión la próxima semana porque el procedimiento administrativo «tiene que llegar a su fin».

Así, recordó que el Consejo Castellano y Leonés de Comercio dio el visto bueno a los expedientes aunque matizó que la Junta se expresará sobre ellos teniendo en cuenta la legislación porque «hay una normativa que permite o no permite la concesión o no de licencias comerciales».

Al respecto, Villanueva aseveró que los ayuntamientos «conocían y conocen» la normativa de equipamientos comerciales y que, en algunos casos, sabían que «era imposible resolverlos favorablemente». Ante esta situación, según el consejero, tuvieron que fijar prioridades que, en el caso de algunas de Arroyo de la Encomienda, «son de imposible cumplimiento».

De este modo, Villanueva aseguró que la Junta va a resolver con «criterios estrictos de legalidad» aunque matizó respecto a los plazos que él no es «responsable de que el Gobierno haya tardado en cambiar la ley».

«El Gobierno lo ha hecho tarde», continuó en relación a la decisión del Consejo de Ministros que el pasado viernes aprobó un proyecto de ley para adaptar a España la Directiva Bolkestein de la Unión Europea que deja libertad para fijar los límites de espacio a la hora de instalar centros comerciales. Por ello, el consejero aseguró que las comunidades autónomas tienen «que adaptar las normas».

Tras las declaraciones de Tomás Villanueva, el director de Expansión de Ikea Ibérica, Udo Knappstein, se pronunció al respecto y pidió al consejero de Economía y Empleo que corrobore la decisión del Consejo de Comercio de Castilla y León, que el jueves dio el visto bueno el proyecto de la marca sueca en Arroyo de la Encomienda.

Knappstein, en un comunicado recogido por Europa Press, aseguró que es necesario que el consejero tome una decisión final basándose en la opinión de su consejo consultivo, «que está precisamente para eso» y recordó que actualmente cuentan con la financiación, algo que no puede asegurarse para el futuro.

El responsable de Ikea afirmó que en la decisión final «debe primar» el valor que los proyectos aportan a la región en materia de empleo y de inversión y la capacidad financiera, material y de gestión para su materialización.

«Es muy importante que el vicepresidente Económico entienda que el proyecto de Ikea sólo es viable con todos sus componentes, tal y como se presentó a la Administración desde un principio hace dos años», dijo.

En este sentido, explicó que la marca cuenta «con los recursos necesarios para poder comenzar a desarrollar el proyecto inmediatamente después de la concesión de la licencia» e insistió en que Ikea tiene la financiación necesaria para la ejecución del proyecto «a día de hoy», pero aclaró que no pueden asegurar que «esto pueda ser así en unos meses».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, José Rolando Alvarez, se mostró ayer a favor de la instalación de Ikea en la provincia, siempre que se respeten las leyes medioambientales y urbanísticas, entre otras.

José Rolando Alvarez afirmó que está a favor de la libertad de empresa, ya que, a parte de que la instalación de una compañía, Ikea o cualquier otra, tiene que estar sujeta a las leyes, «no debe tener ninguna otra limitación».