La Fiscalía de Valladolid ha puesto en marcha una investigación para tratar de aclarar lo sucedido hace 43 años en la antigua Residencia Onésimo Redondo, donde, según la denuncia interpuesta por una madre que dio a luz en este centro en octubre de 1967, se pudieron producir robos de recién nacidos. Adela Alonso Varela asegura que ella y su marido fueron víctimas de una de estas sustracciones de la época franquista que ahora se están empezado a investigar por todo el país. Ella recuerda que su hijo nació «llorando como un magdaleno», que se lo llevaron luego «porque el médico aseguró que estaba muy malito» y que, «dos días después», le enseñaron «un niño muerto». Ella siempre ha tenido la certeza de que aquel bebé no falleció.
El caso de Adela Alonso Varela forma parte de los 261 que Anadir (Asociación Nacional de afectados por Adopciones Irregulares) puso hace casi un mes en manos de la Justicia y que la Fiscalía General del Estado ha ido remitiendo a las fiscalías provinciales para que, uno a uno, sean investigados.
Documentación. En Valladolid, por ahora, sólo hay interpuesta una denuncia, la de Adela Alonso Varela, a la que, presuntamente, le sustrajeron su bebé en el viejo Río Hortega -denominación que adquirió con posterioridad a la de Residencia Onésimo Redondo-, en la avenida de la Rondilla de Santa Teresa. La fiscal jefe, Esther Pérez, confirmó a este periódico que ayer mismo ordenó abrir diligencias de investigación sobre este asunto: «He pedido pruebas para que el Hospital Río Hortega nos remita toda la documentación relativa a este parto y también tenemos que ver si existe algún certificado de nacimiento o de defunción, así como averiguar qué facultativos asistieron al alumbramiento». La investigación la llevará la Fiscalía antes de dar parte a un juzgado.
Los datos con los que cuenta la Fiscalía no son muchos. Que el nacimiento se produjo el día 6 de marzo de 1967 en la Residencia Onésimo Redondo y que, a los dos días, les comunicaron que había muerto, pero sin explicar qué le pasó ni ninguna otra información. El cadáver o, al menos, un féretro con el supuesto cuerpo sin vida del recién nacido, se enterró en una fosa común -esto era una práctica habitual en esa época- del cementerio de El Carmen, pero no recibieron ningún documento. En el centro sanitario tampoco se les entregó ni parte de defunción ni de nacimiento, ni ningún informe médico. «No tengo ni un papel», reconoce. Además, Adela Alonso tampoco recuerda qué médicos o comadronas le atendieron.
Esta mujer, vecina en su día del barrio de La Rubia y que emigró hace tres décadas a Talavera de la Reina (Toledo) con su marido y sus dos hijos, se ha encargado de pedir su historial clínico al Río Hortega, pero la respuesta que ha obtenido es que «no hay nada». Ni ingreso, ni parto. «Revisados todos los archivos no tenemos constancia de la documentación solicitada», dice el Hospital.
La Junta, ante la aparición de más casos con denuncias en las provincias de León o Zamora, ya ha dicho, a través del consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, que van a colaborar y «facilitar» cualquier dato que se les pida para las investigaciones judiciales que se puedan abrir.
Sin ayudas oficiales. Este ofrecimiento público de ayuda contrasta con la situación a la que se ha enfrentado la delegada en Castilla y León de Anadir, quien no ha conseguido el apoyo de las instituciones públicas. «A mi lo que me gustaría es alabar cómo se ha comportado con nosotros, con la asociación, el Gobierno vasco, que ha puesto en manos de la delegada en Euskadi todo lo que necesitase, desde asesoramiento a locales. Yo en Castilla y León no puedo decir lo mismo, ni de la Junta ni de los ayuntamientos», explica María Labarga.
La delegada regional explica que de los casos que maneja en Anadir, «el 90% son adopciones efectuadas de forma irregular y el resto, son lo que en la asociación se denominan apropiaciones. O lo que es lo mismo, niños robados».