El paro prolongado se ha convertido en un auténtico drama para muchas familias que están empezando a encontrarse en una situación desesperada. En Valladolid ya hay casi 18.500 personas que llevan más de un año buscando trabajo, según se desprende de los datos facilitados a este periódico por el Instituto Nacional de Estadística (INE) procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA) de segundo trimestre. En concreto, 11.400 personas están en esta situación en un periodo de tiempo que va desde el año a los dos años. Más cruda es la realidad para los otros 7.000 que no encuentran una ocupación desde hace más dos años.
Los mismos datos reflejan que 10.000 hogares de la provincia tienen a todos sus miembros parados, una situación que se torna aún más dramática en los casos en los que estas personas han agotado todas las prestaciones por desempleo. Precisamente ayer se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la Ley que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía, que contempla una ayuda mínima de 425 euros y máxima de 692 (en función de las cargas de las unidades familiares) para los desempleados con riesgo de exclusión social. Los datos extraídos de la EPA también indican que de los 187.900 asalariados que tiene Valladolid, 39.600 tienen un contrato temporal y 148.300 indefinido. La falta de formación es uno de los principales problemas para encontrar un trabajo. En este sentido, en la provincia hay 5.300 parados que no tienen estudios o los que tienen son los primarios.
Cabe recordar que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró el 23 de agosto que la intención del Gobierno es reducir de cien a 30 días el plazo en el que se permite a los desempleados rechazar ofertas de trabajo y cursos sin que ello suponga perder el derecho a recibir una prestación. Esta declaración de intenciones no sentó nada bien en los sindicatos, que ven en esta medida una estrategia para «maquillar» los datos del paro, según el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien fue más allá y le recordó al Gobierno que «la gente no está en el paro por gusto».
Los máximos representantes sindicales de la provincia coincidieron al señalar como «preocupante» la situación de las personas, cada vez más, que se quedan sin cobrar prestaciones. «Son unas cifras elevadas, sobre todo por lo que supone estar tanto tiempo en el paro», señaló el secretario provincial de UGT, Luciano Sinovas, quien añadió que es «preocupante que haya trabajadores que se queden sin ayudas».
En la misma línea se expresó el delegado provincial de CCOO, Antonio Díez. «Nos preocupan los parados que ya han agotado el plazo y dejan de cobrar prestaciones contributivas porque eso implica un descenso en la afiliación a la Seguridad Social», explicó.
Tanto Sinovas como Díez coinciden en señalar que los primeros resultados que ha dejado la reforma laboral no son «nada esperanzadores».