La propuesta del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años para hacer sostenible el sistema de pensiones ha levantado ampollas. Hoy por hoy, si esta medida estuviera en vigor, unos 3.700 vallisoletanos se verían afectados. Se trata de una estimación que resulta de calcular el número de personas que se han jubilado en la provincia en los dos últimos años. En los próximos dos ejercicios una cifra similar de vallisoletanos pasaría a cobrar la correspondiente pensión de jubilación. De entrar en vigor la medida del Ejecutivo, tendrían que prolongar su vida laboral.

El Gobierno tiene previsto empezar a aplicar esta medida en 2013 con incrementos anuales de la vida laboral de dos meses. Es decir, que las personas que cumplan 65 ese año se jubilarán con 65 años y dos meses; los que los cumplan en 2014, con 65 años y cuatro meses, y así sucesivamente hasta llegar a los 67.

Así, los primeros en notar esta medida en Valladolid son las 4.291 personas que nacieron en 1948, que tendrán que trabajar dos meses más de lo que tenían previsto. Del mismo modo, la generación de 1959 será la primera que tenga que trabajar hasta los 67 años.

Por otro lado, si hoy entrara en vigor la medida, la población activa de Valladolid, que en la actualidad se eleva hasta las 236.000 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), crecería un 1,5 por ciento.

Rechazo sindical. En consonancia con la opinión de los líderes nacionales, los representantes sindicales de la provincia se oponen frontalmente a esta medida. Así, el secretario provincial de UGT, Luciano Sinovas, considera que «no es de recibo» y aboga por poner coto a otras prácticas más o menos comunes, «como las prejubilaciones a los 50 años». «No es asumible que a un obrero que esté en el andamio todo el día se le amplíe la edad de jubilación», aclara.

En la misma línea se pronunció el delegado provincial de CCOO, Antonio Díez. «No digo que esta propuesta no se pueda discutir más adelante, pero hacerlo en estos momentos es crear una alarma social innecesaria», reconoce. Según él, «el sistema no se va a salvar con esta medida, lo que nos interesa es que se genere trabajo».

Ambas opiniones chocan con la del presidente de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Manuel Soler, quien se muestra partidario de esta medida. «Hay unos expertos que desde hace tiempo vienen advirtiendo del conflicto de sostenibilidad del sistema de pensiones y eso es lo que hay que tratar de plantear», avisa. El empresario opina que «la política de inspiración sindical» que, según él, ha seguido el Gobierno durante los últimos dos años sólo ha tenido como objetivo evitar la movilización de los trabajadores. Soler anima a seguir el ejemplo de Alemania, un país en el que ya está en vigor la ley que dicta la jubilación a los 67. «Se necesita una reordenación importante del sistema laboral, la clave es que el mercado tenga más movilidad».

Por su parte, el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Valladolid, Floriano Moral, cree que la edad debe venir determinada por el trabajo de cada cual, aunque asume que «la cosa está mal y hay que hacer algo».