A las 11:30 de hoy viernes, mientras los niños estaban en el recreo, han sido retirados los crucifijos de las aulas del CEIP Macías Picavea de Valladolid, según ha informado la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) en una nota de prensa. Los símbolos han sido quitados por la directora del colegio.

Según esta organización, para la retirada "ha sido necesario un auto judicial obligando al colegio a ejecutar la sentencia de forma inmediata y a notificar al juzgado en el plazo máximo de diez días el órgano encargado de dar cumplimiento a la sentencia y las actuaciones llevadas a efecto para ello".

El auto judicial indica que "de acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 112/1996 en los procedimientos relativos a los Derechos Fundamentales hay que entender que la ejecutividad es inmediata".

"Apología de fe religiosa". Además, argumenta que "la significación religiosa de estos símbolos queda fuera de toda duda".

Al hilo de ello, y al igual que en la sentencia ahora ejecutada, el auto reitera que "la apología de una determinada fe religiosa en el sistema público de enseñanza pugna con el pluralismo y la libertad religiosa que proclama la Constitución española en sus artículos 1 y 16.1", añadiendo que por el contrario "la retirada de los símbolos de los espacios comunes no supone que se vulnere el derecho de los alumnos o sus padres que hayan optado voluntariamente por recibir enseñanza de religión, ni que se vaya a perjudicar dicha enseñanza".

La ACEL informa de que tanto el auto judicial como el preceptivo informe fiscal indican que frente a las sentencias dictadas en los procedimientos sumarios de Protección de Derechos Fundamentales "solo cabe apelación en un solo efecto", es decir que puede ser apelada para instar su revocación, pero "no suspender su ejecución, al estar afectados derechos fundamentales de las personas".

Recursos. La Consejería de Educación había solicitado la suspensión, que ha sido denegada por este auto ya que no se aprecia ninguna circunstancia excepcional para ello.

Aún así, el caso aún no queda definitivamente cerrado debido al recurso contra la sentencia interpuesto por la Junta de Castilla y León.