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26/01/2009

Vivienda

El retraso de las VPO de Los Santos Pilarica supondrá una subida media de 5.300 euros

La asociación de vecinos pidió ayer a los afectados que se sumen a la vía judicial que pretenden abrir para resolver este caso

La asamblea tuvo lugar en el instituto Juan de Juni

Fernando Zabala

Ó. Fraile

El incremento medio de los precios de las más de mil viviendas de protección oficial (VPO) proyectadas en Los Santos Pilarica se sitúa en 5.300 euros como consecuencia de los retrasos en la calificación provisional de los terrenos. Así lo aseguró ayer el presidente de la asociación de vecinos Santos Pilarica, César Arribas, en una asamblea a la que acudieron algo más cien afectados por este caso. Cabe tener en cuenta que las viviendas de algunos vecinos no han subido de precio, por lo que otras «se han encarecido más de 20.000 euros».

La reunión sirvió para hacer una llamada a todos los adjudicatarios a sumarse de forma conjunta y como denunciantes al proceso judicial que la asociación pretende iniciar. Arribas pidió el apoyo de todos los asistentes para «hacer fuerza». El representante de los vecinos también informó de que el pasado jueves mantuvo una reunión con la concejala de Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal, en la que, según él, les dijeron que estaban equivocados en el tema de los retrasos, aunque no les explicaron en qué aspectos, además de recordarles que el Ayuntamiento está investigando este problema. La asociación Santos Pilarica invitó a la asamblea de ayer a la propia Vidal y al alcalde, aunque ninguno de los dos asistió.

Los representantes vecinales también propusieron utilizar los casi 4.100.000 euros que el Ayuntamiento ingresará de más por vender los terrenos más tarde de lo previsto para crear un fondo con el que en el futuro poder indemnizar a los afectados, un extremo al que se negaron los representantes municipales. Según Arribas, desde la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) les dijeron que «cuanto más gane el Ayuntamiento mejor, porque así se podrán construir más VPO». Según las previsiones de la asociación de vecinos, de continuar la demora las plusvalías de VIVA podrían llegar a los seis millones, cerca de un 25% del valor de algunas viviendas.

La abogada de la asociación de consumidores Facua Rocío Matilla también estuvo presente para informar a los afectados de que «no tienen por qué tener miedo» porque «la vía judicial no suspende la construcción de las viviendas».

El problema al que se enfrentan estos adjudicatarios de VPO es un supuesto retraso en la calificación de los terrenos sobre los que se construirán las viviendas. En el momento en el que el Ayuntamiento adjudica la construcción de un bloque de viviendas a una empresa, ésta tiene un plazo de tres meses para solicitar a la Junta la calificación provisional. Según la asociación, la mayoría de las constructoras no cumplió ese trámite a tiempo y el precio del módulo de VPO experimentó un aumento en 2008 del 4,7% por el IPC (las viviendas tenían que estar escrituradas en junio de 2007) y del 13% posteriormente cuando el Gobierno, a petición de la Junta, pasó a integrar a Valladolid dentro del grupo B de ciudades y no del C, un cambio que implica un aumento en el precio de las VPO.

Reivindicación. De este modo, los vecinos piden que, tal y como se establece en el pliego de condiciones, se les aplique el precio del módulo de 2007 y no el de 2008. La asociación también critica al Ayuntamiento por no sancionar a las promotoras por este retraso. Según el pliego de condiciones, por cada mes de retraso se podría castigar a la constructora a pagar un 2,5% del valor del suelo. Además, si en medio año sigue sin solicitar la calificación provisional, el Ayuntamiento puede anular la adjudicación de la parcela.

En este sentido, Arribas dijo tener la certeza de que todas las constructoras que obtuvieron la calificación en 2007 acudieron posteriormente a la Junta para saber si podían aplicar los precios de 2008, aunque, «evidentemente», la respuesta fue negativa. El presidente de la asociación también informó de que algunas constructoras se han negado a someterse a la Junta de Arbitraje para resolver este caso.

Otro de los problemas a los que se enfrentan estos vecinos es una supuesta «coacción» de las constructoras para obligarles a comprar una segunda plaza de garaje bajo la amenaza de perder la vivienda si no lo hacen. Arribas aseguró que el director general de la Junta le aseguró que esto «es ilegal», pero que «se lleva haciendo toda la vida».    

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