España

02/12/2008

La lucha contra ETA

La liquidación de Batasuna dejará 544,82 euros en las arcas públicas

El Supremo entrega a las cajas de ahorro vascas la inmensa mayor parte de los dos millones de euros que le fueron confiscados a la formación proetarra, a la que habían dado créditos

Las 'herriko tabernas' son el núcleo de la financiacion de Batasuna.

EFE

Agencias/Madrid

La montaña finalmente parió un ratón. Tras años de pleitos y miles de horas de trabajo de los jueces y los letrados del Estado, Batasuna deberá pagar 544,82 euros -sí, poco más de 500 euros- al Tesoro Público, después de que el Tribunal Supremo haya puesto fin al proceso de ejecución de la sentencia por la que ilegalizaba al partido proetarra en virtud de la aplicación de la Ley de Partidos. Según recoge el auto, sin que se aprecie ninguna voluntad humorística, ese dinero irá destinado a actividades sociales o humanitarias.
La mayor parte del patrimonio encontrado a Herri Batasuna (HB), casi dos millones de euros -concretamente 1.881.571,57- tendrán como destino la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa), mientras que otros 65.050,41 euros se entregarán a la Caja de Ahorros Bilbao Vizcaya (BBK), ya que ambas entidades son las mayores acreedoras del partido abertzale.
En suma, tras cinco largos años de estudio, el alto tribunal ha acordado, en teoría en base a criterios puramente jurídicos, que las cajas vascas que prestaron dinero a Batasuna tienen preferencia a la hora del cobrar el dinero embargado en la cuentas de los proetarras, cuyos responsables vaciaron en gran medida antes de las intervenciones judiciales del magistrado Baltasar Garzón y del propio Tribunal Supremo.
La Sala del 61, presidida por Carlos Dívar, ordena también que los embargos practicados «sobre los saldos de las cuentas residenciadas en Kutxa, Caja Navarra, BBK, BBVA, BSCH, Ipar Kutxa y Caja Vital» queden «a resultas de lo que se acuerde por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional», cuyo titular es Garzón, que instruye una causa sobre la subordinación de Batasuna a ETA.
La ejecución de bienes queda así archivada «sin perjuicio de su reapertura en el caso de que (...) se averigüe la existencia de otros bienes o derechos pertenecientes a dichos partidos».
Semejantes criterios, que, en resumen suponen que, en este tipo de créditos, el acreedor tenga «derecho preferente» sobre cualquier otra parte, incluido el Estado, se adoptan en contra de los planteamientos de la Fiscalía.
Sin dejar los tribunales y en otro caso que presenta grandes similitudes, la asociación Dignidad y Justicia informó ayer de que ha solicitado a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) que cite a declarar como imputada en la causa sobre la ilegalización del PCTV a la abogada y dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia.
La organización justifica su petición en un informe de la Guardia Civil que señala que las «principales vinculaciones» entre Batasuna y la formación comunista fueron «detectadas» en las llamadas telefónicas intervenidas entre Goirizelaia y la asesora del Grupo Parlamentario del PCTV Mireia Unamuno, quien ha declarado como testigo en esta causa.
El juez Garzón inició este proceso para investigar las cuentas de la formación abertzale, así como la posible vinculación «de PCTV con el entramado que forman Batasuna y ETA.

La Audiencia abre un sumario sobre la conexión entre ETA y las FARC. Tras meses de rumores y presuntas pruebas incautadas a los terroristas de las FARC, la Audiencia Nacional ha decidido finalmente investigar las relaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ETA. Concretamente, se intentará averiguar si, como sostiene la Fiscalía, cinco miembros de la banda vasca viajaron hasta la selva colombiana para recibir e impartir cursos sobre el manejo y la colocación de explosivos. El titular de Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, admitió a trámite la querella criminal presentada el pasado 14 de noviembre por el acusador Vicente González Mota y solicitó a las Fuerzas de Seguridad que le remitan información sobre la actividad de los mencionados etarras, para los que pidió la detención y su ingreso en prisión provisional.
Los terroristas en cuestión son Iñaki Domínguez Atxalandaburo y Martín Capa, que habrían impartido cursos sobre explosivos en agosto de 2007; y José Ignacio Echarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez y Arturo Cubillas Fontán, que los habrían recibido entre julio y agosto de 2003. Todos ellos están huidos y se sospecha que podrían estar ocultos en Venezuela y en Cuba.

bombas y móviles. Según el Ministerio Público, el cursillo que el año pasado impartieron los etarras a al menos cuatro miembros de las FARC duró unos 20 días, a razón de dos horas cada jornada, e incluyó sesiones teóricas y prácticas sobre el manejo del C-4, un explosivo con «un efecto destructivo superior» al de la dinamita y de fácil adquisición en Venezuela. Domínguez también pronunció una charla sobre la utilización de teléfonos móviles como mecanismo iniciador de las cargas explosivas.
Además y, basándose en la información extraída de los correos electrónicos incautados en marzo de 2008 al dirigente de las FARC Luis Edgar Devia, Raúl Reyes, la Fiscalía está convencida que el grupo terrorista colombiano también habría solicitado «colaboración» a ETA para «localizar en España» al ex presidente Pastrana y al ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, entre otros cargos políticos y militares «con la finalidad de cometer un atentado contra ellos».    

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