España

08/10/2008

'Caso Mari Luz'

Los secretarios judiciales harán huelga en apoyo de la sancionada

Consideran que la muerte de la niña es culpa del caos de la Justicia y no de una negligencia

Los secretarios atribuyen a la falta de inversión el caos en el que están sumidos los juzgados.

EFE

Agencias/Madrid

En un gesto que corre grave riesgo de ser interpretado como una muestra de corporativismo gratuito, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Asociación Progresista de Secretarios Judiciales, decidieron ayer convocar un paro de tres horas para el próximo día 21 de octubre. La medida pretende poner de manifiesto su descontento con la sanción impuesta a Juana Gálvez, la secretaria judicial del juez Tirado, instructor del caso Mari Luz.
Además del plante laboral, los funcionarios solicitan también la destitución del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al considerarlo responsable del estado de «estancamiento» en el que se encuentra la Administración judicial.
Asimismo, aseguraron que están estudiando adoptar iniciativas de mayor alcance, tales como boicotear la plaza que podría dejar libre la compañera sancionada. «Dado que el castigo implica una pérdida de destino encubierta, de materializarse se valorará recomendar a los compañeros que, en los próximos traslados, no se solicite la plaza del Juzgado de los penal número 1 de sevilla», explicó la organización del paro en una nota.
De momento, lo cierto es que los representantes de los secretarios echaron la culpa del asesinato de la niña Mari Luz al caos que se vive en sus juzgados y se eximieron de toda responsabilidad, puesto que, «en las actuales circunstancias, ningún secretario puede controlar la Oficina Judicial, ya que todo se tiene que hacer manualmente en papel y no existe medio informático».
Así, ambas asociaciones consideraron que la suspensión de tres años impuesta a Gálvez es un «chivo expiatorio» ante el estado de «estancamiento» de la Justicia.
De ello culpan directamente al ministro, «por no realizar la inversión en medios y las reformas necesarias, que llevan un retraso de cinco años y, además, pretender encubrir el tema con la sanción a la compañera».
Desde luego que el aludido Bermejo no está demasiado de acuerdo ya que, tal y como declaró el lunes, «desde sectores corporativos, se intenta desplazar la responsabilidad». «No es nuevo, se ha venido haciendo desde el principio de este caso y de otros», lamentó el ministro antes de recordar que «si fuera real ese estado caótico de la Administración, veríamos casos Mari Luz todos los días». «Qué casualidad que algo así solo ocurra muy de vez en vez y que suela coincidir con actitudes negligentes», resumió el socialista.
También terció en la cuestión Jueces para la Democracia, una asociación considerada progresista, a cuyo parecer el Gobierno está «instrumental izando el asesinato de una niña, bajo apariencia de empatía social», con el objetivo de «eludir sus responsabilidades en el lamentable estado actual de la Administración de Justicia».

Intromisión. En una buena muestra de la filosofía popular que recomienda poner en remojo las propias barbas a la vista del afeitado de las del vecino, el juez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Antonio García Martínez explicó ayer que considera intolerable la intromisión de los políticos en el ámbito judicial cuando piden un aumento de la sanción impuesta al magistrado de Sevilla Rafael Tirado, cuya negligencia al no ordenar que se ejecutara una sentencia condenatoria contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés se ha saldado con una simple multa. «Hemos visto al presidente del Gobierno, al líder de la oposición o la vicepresidenta del Ejecutivo entrometerse claramente en ámbitos que no eran los propios de sus competencias para tratar de inducir la imposición de una sanción totalmente al margen de lo que el derecho indicaba y, desde luego, eso no es algo que resulte tolerable», afirmó indignado el magistrado García Martínez.    

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