En una iniciativa que casi todos los analistas políticos consideran el enésimo gesto del socialismo para tratar de contener la fuga de votos hacia las opciones que abogan por la independencia y, de paso, privar al levantisco José Montilla de toda excusa para desvincularse del PSOE, el Parlamento catalán aprobó ayer la denominada Ley de Consultas Populares por Vía de Referéndum. La norma, que salió adelante con los votos de los grupos del tripartito, posibilita la convocatoria de consultas en las urnas sobre aquellas materias que sean competencia de la Generalitat y los ayuntamientos, aunque para ello, según recoge el texto, se requiere de la autorización expresa del Estado.
Peblos y organismos. La nueva normativa, la primera para regular la convocatoria de referendos que aprueba un Parlamento autonómico, contempla que puedan ser impulsados por el Gobierno catalán como institución, por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados regionales, por el 10 por ciento de los municipios -como mínimo 95 con un censo de 500.000 habitantes-, o también por un 3 por ciento de la población catalana, mediante la recogida de firmas.
El texto recibió el respaldo del PSC, ERC e ICV-EUiA y rechazado por la oposición (CiU, PP y Grupo Mixto), y permite promover plebiscitos sobre «cuestiones políticas de trascendencia especial para la ciudadanía en el ámbito de las competencias de la Generalitat».
Tras certificarse la validez del texto, el conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, destacó que la normativa es «ambiciosa y moderna», supone un fortalecimiento de la democracia «porque se dota de un instrumento de participación directa de los ciudadanos», y permite avanzar «hacia el derecho a decidir».
Por parte de CiU, Dolors Batalla rechazó la ley por considerar que «es incompleta y se autolimita», y reiteró que el texto debía incluir otras formas de participación que posibilita el Estatut, como por ejemplo encuestas o consultas no sometidas a referendo y que, por tanto, no requieren de la autorización del Estado.
«Desde el punto de vista nacional es la expresión de una renuncia disfrazada de ambición», argumentó Batalla.
Por su parte, la diputada del PP María Ángeles Olano puntualizó que el partido conservador no cuestiona «el derecho a consultar a los ciudadanos», pero sí «cómo se plantea», puesto que, lamentó, la iniciativa emana «de la voluntad soberanista» de promover consultas independentistas desde el ámbito no institucional.
Un "coladero". Para dar la razón a los temores populares, el propio Ausàs comenzó pocos minutos después de la sesión del Parlament a insinuar que el nuevo texto permitirá colar determinadas reivindicaciones de los independentistas. De hecho, sostuvo que será posible, por ejemplo «preguntar a los catalanes sobre la reforma de la Constitución», algo que probablemente no tenga una directa validez jurídica pero que servirá, una vez más, para que los nacionalistas dispongan de más munición para hacer valer sus reclamaciones y su tradicional victimismo de oprimidos.
Además, el republicano argumentó que, al margen de las preguntas previstas sobre competencias estrictas de Cataluña, el Parlamento regional también puede proponer modificaciones de «marcos legales de carácter estatal», lo que, a juicio del separatista permitirá preguntar a la ciudadanía sobre «cualquier cuestión».